Tras el inicio de la crisis del coronavirus, y el cierre obligado de los negocios hoteleros, el sector reclama ahora la colaboración de las instituciones públicas. Los albergues privados del Camino de Santiago reclamaron ayer a la Xunta un paquete de medidas "específicas" ante la dificultad de mantener su viabilidad.
Los establecimientos, que se nutren al 90% de peregrinos, recuerdan que su alojamiento es de tipo "colectivo", lo que no favorece el obligado distanciamiento social actual. "La adaptación a las normativas de prevención tendrá un coste que muy pocos podrán asumir. Con un precio por cama muy reducido, aforos máximos inferiores al 50% y unas previsiones de llegada de peregrinos muy bajas, la viabilidad económica será mucho más difícil que la de cualquier otro establecimiento", apunta el colectivo.
