Ribadavia retirará el dinero de las entidades que los ejecuten y Ourense revisará para 2013 los contratos de cobro de tributos

Los alcaldes se movilizan para frenar desahucios en sus concellos

El Concello de Ribadavia ha sido el primero en Ourense en tomar medidas ante la alarma social creada con los desahucios.
El Concello de Ribadavia ha sido el primero en Ourense en tomar medidas ante la alarma social creada con los desahucios.
El grupo de gobierno ha remitido una carta a las sucursales de entidades financieras existentes del municipio amenazándolas con retirar el dinero y cerrar las cuentas municipales y también de otros organismos de los que forma parte el Concello, como la Fundación Nosa Señora dos Anxos o la de Prexigueiro, entre otros, en el caso de que ejecuten algún desahucio de primera vivienda. También comunicó el acuerdo a la Policía Local para que se abstenga de participar, al mismo tiempo que se ha dirigido a la Guardia Civil para que 'se o teñen a ben, colaboren coas medidas imprantadas polo Concello e axuden a mudar unha inxustiza social que hoxe por hoxe é unha auténtica lacra na sociedade española'. La medida acordada por el gobierno local socialista, también prevé poner a disposición de los vecinos la asesoría técnica y jurídica, y canalizar de manera urgente y prioritaria desde la Oficina municipal del consumidor los 'abusos' que se puedan producir.

La iniciativa de Ribadavia sigue la estela de otros como el gallego de Ares, pero también otros de la provincia empiezan a moverse en este sentido. El de la ciudad proyecta medidas parecidas aunque menos drásticas porque no se plantea, de momento, retirar fondos municipales de las entidades financieras que desahucian a familias. Con todo, el regidor, el socialista Agustín Fernández, pidió al departamento de Benestar Social que supervise al detalle los casos de familias sin recursos por si hay algún desahucio entre ellos y, en ese caso, medie para evitarlo. Por otro, incluirá el próximo año en los contratos de servicios -gestión del cobro de tributos- con cajas y bancos una nueva cláusula, la de que se comprometan a paralizar desahucios de ciudadanos residentes en la ciudad; si no es así, no renovará el contrato que es anual, con ellos.

La decisión del alcalde ribadaviense ha suscitado diversidad de opiniones entre los regidores de la provincia. La mayoría de los 'populares' reconocen el grave problema, pero consideran que hay que esperar a que se tome una decisión a nivel estatal. Es el caso del alcalde de Carballiño, Argimiro Marnotes, que descarta imitar a Ribadavia. A Avelino García, de A Rúa, tampoco le gusta la iniciativa porque es poco útil, y José Luis Ferro, alcalde de Celanova, hace hincapié en que 'o goberno estatal xa anunciou que tomará medidas para tratar de arranxar unha situación dramática', valoración en la que coincide con el alcalde de Bande, José Antonio Armada. Por tanto, dejan en manos estatales la solución a los desahucios.

Sin embargo, a Marcos Blanco le ha salido un aliado en las filas del PP. Se trata del alcalde de Xinzo, Antonio Pérez, que califica de 'buena idea' la medida y apela a que las administraciones locales tomen alguna iniciativa propia 'para obligar a los mandatarios a cambiar la legislación'.

Precisamente, la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) trasladó ayer su apoyo a los alcaldes que 'toman decisiones a favor de los vecinos afectados por desahucios'. El presidente, José Manuel Rey, alcalde de Ferrol, avanzaba que en la comisión ejecutiva del día 21 propondrá un acuerdo de apoyo explícito a los regidores que adopten medidas en el ámbito local.

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