El procedimiento seguido por el gobierno local de Ourense en materia de negociación con los representantes sindicales de los trabajadores del Concello es el nexo de unión de las diferentes alegaciones presentadas al presupuesto municipal aprobado inicialmente con los votos a favor de PP y DO, que deberán resolverlas en pleno tras los pertinentes informes técnicos.
Los grupos políticos de PSOE y BNG y los sindicatos UGT, CC OO y CIG han sido los que han tramitado reclamaciones durante el período de exposición pública, con el objetivo de conseguir que el bipartito dé marcha atrás en su intención de que las cuentas entren en vigor lo antes posible, consiguiendo dejar atrás el presupuesto prorrogado de 2014. Todos los grupos que han alegado coinciden en percibir vicios en el presupuesto, entendiendo que son motivo para anular los mismos.
PSOE
En su escrito, los nueve ediles socialistas censuran la decisión del gobierno local de ampararse en un informe de Asesoría Jurídica para concluir que no era necesario someter el anexo de personal a negociación con los sindicatos, "o que supón a vulneración dun dereito fundamental á liberdade sindical". Para el PSOE también es criticable la previsión de inversiones, haciéndose eco de las palabras del alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, y el concejal Miguel Caride de fiar la ejecución de obras al remanente de tesorería. "Trátase dun fraude de lei", sostienen. En materia de personal, valoran también que existe "unha sobrestimación" del gasto en el capítulo I y "unha infradotación" en el de gasto corriente.
La alegación de los socialistas, por otra parte, también se sostiene en la "insuficiencia" de crédito para financiar servicios como el transporte público, el abastecimiento o el saneamiento, "cunha probabilidade real e cuantificable de que os gastos superen os ingresos en máis dun 5%". En esta línea, el grupo del PSOE censura también la caída de ingresos, que cifran en siete millones.
BNG
Son cuatro los argumentos en los que se apoya el BNG para exigir que el presupuesto no siga su camino hacia la aprobación definitiva, garantizada por los votos a favor del grupo de gobierno: falta de informes, vulneración de la Lei de Emprego Público de Galicia, ausencia de negociación colectiva e infracción del principio de suficiencia presupuestaria.
Entre los motivos que llevan a los nacionalistas a alegar están la no incorporación de un informe sobre la previsión de licitaciones de nuevos servicios, no someter a un diálogo las modificaciones en las condiciones laborales del personal del Concello, una Relación de Puestos de Trabajo desactualizada y no acorde al anexo de personal o la inexistencia de partidas para hacer frente a los gastos comprometidos.
CC OO
Argumentos similares a los de los partidos políticos son los que refleja en su alegación Comisiones Obreras, que recuerda que la negociación colectiva es "un derecho reconocido en la Constitución Española", asegurando que "sí hay una modificación en la plantilla y en las condiciones de trabajo", algo que niega el gobierno municipal. CC OO se hace eco del informe del interventor municipal, Gonzalo Alonso.
Sobre el incumplimiento de la Lei de Emprego Público de Galicia, CC OO explica que están incluidos en la RPT los puestos de personal indefinido por sentencia judicial. "Hay más de 100 puestos", señalan desde el sindicato, que invitan a elaborar una nueva RPT.
CIG
También en la CIG han presentado una serie de alegaciones con el objetivo de que el gobierno local retrotraiga al momento de la negociación colectiva el presupuesto. Entiende el sindicato nacionalista que no se ha tenido en cuenta la RPT vigente para elaborar las cuentas, "con modificacións unilaterais". Asimismo, al igual que el resto de organizaciones, la CIG ve "facilmente comprobable" que no ha existido ningún tipo de negociación colectiva. "Houbo mala fe", dicen.
Con respecto al capítulo de personal, este colectivo habla "de improvisación caótica", y asegura que tampoco se cubren necesidades para hacer frente al pago de las retribuciones del personal directivo contratado por el gobierno municipal.
La CIG ya ha judicializado el presupuesto
En paralelo a la presentación de las alegaciones, la asesoría jurídica de la CIG ha presentado ya una demanda en sede judicial para reclamar la anulación del presupuesto del Concello para 2020, algo de lo que los representantes del sindicato en la administración ya habían alertado justo después de la aprobación inicial de las cuentas.
El malestar entre los sindicatos era evidente por el proceder del gobierno municipal, que convocó una mesa de negociación el día después del pleno extraordinario en el que validó el presupuesto.
"A présa é porque queren tirar para adiante, fixérono con informes ad hoc", sostenía en aquel momento el delegado de la CIG Daniel Salgado.
Otros sindicatos como CC.OO habían avisado de que primero agotarían el plazo para realizar las alegaciones y, en función del resultado, se plantearían judicializar unas cuentas con las que el gobierno ourensano confía en dejar atrás las de 2014.
