El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) y técnicos de la Xunta de Galicia en Ourense inspeccionaron el pasado año las 136 explotaciones mineras a cielo abierto con las que cuenta la provincia de Ourense.
No fue un procedimiento aleatorio. Las fuerzas de seguridad vienen siguiendo con preocupación, desde hace varios años, cómo en algunas voladuras no explosiona todo el material, que no obstante, producto de la onda expansiva, es desplazado a gran distancia, llegando a quedar al alcance de personas ajenas a las explotaciones mineras. De este modo, una parte del material explosivo permanecería al margen de cualquier control administrativo. Hasta el punto, que se sospecha que podría haber material de estas características circulando por la provincia.
En este sentido, desde fuentes judiciales y policiales se destaca que en Ourense existe la posibilidad de adquirir y comercializar ilícitamente con parte de ese explosivo, que si cuantitativamente apenas es relevante, su riesgo potencial lo hace peligroso. En todo caso, a la luz de las inspecciones realizadas no se observó ninguna infracción penal, de modo que desde el Ministerio Público no se incoaron diligencias de investigación al respecto. Fuentes de la Consellería de Medio Rural señalan asimismo que las 136 explotaciones mineras que hay en la provincia aprueban todos los controles. No obstante, fruto de las inspecciones, se cursaron 10 denuncias por infracciones administrativas.
La Subdelegación del Gobierno en Ourense expidió el pasado año 119 autorizaciones para consumo y suministro de explosivos. En 92 de los casos, se correspondieron con canteras. Cada autorización ha de contar con un informe previo del área de Industria de la Delegación del Gobierno, el departamento de Minas de la Xunta de Galicia y la Guardia Civil. El Reglamento de Explosivos fija que, antes del inicio del consumo de explosivos, el solicitante de la autorización deberá comunicar a Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil los equipos de trabajo formados para cada voladura. Se levantarán actas de consumo y se remitirán los libros de registro de explosivos tanto a Intervención de Armas como al Área de Industria de la Delegación de Gobierno.
En la fase final del consumo de explosivos, se contará con un servicio de vigilante de seguridad y se cumplimentarán las actas y los libros de registro de movimiento de los explosivos.
En este sentido, desde fuentes judiciales y policiales se destaca que en Ourense existe la posibilidad de adquirir y comercializar ilícitamente con parte de ese explosivo, que si cuantitativamente apenas es relevante, su riesgo potencial lo hace peligroso. En todo caso, a la luz de las inspecciones realizadas no se observó ninguna infracción penal, de modo que desde el Ministerio Público no se incoaron diligencias de investigación al respecto. Fuentes de la Consellería de Medio Rural señalan asimismo que las 136 explotaciones mineras que hay en la provincia aprueban todos los controles. No obstante, fruto de las inspecciones, se cursaron 10 denuncias por infracciones administrativas.
La Subdelegación del Gobierno en Ourense expidió el pasado año 119 autorizaciones para consumo y suministro de explosivos. En 92 de los casos, se correspondieron con canteras. Cada autorización ha de contar con un informe previo del área de Industria de la Delegación del Gobierno, el departamento de Minas de la Xunta de Galicia y la Guardia Civil. El Reglamento de Explosivos fija que, antes del inicio del consumo de explosivos, el solicitante de la autorización deberá comunicar a Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil los equipos de trabajo formados para cada voladura. Se levantarán actas de consumo y se remitirán los libros de registro de explosivos tanto a Intervención de Armas como al Área de Industria de la Delegación de Gobierno.
En la fase final del consumo de explosivos, se contará con un servicio de vigilante de seguridad y se cumplimentarán las actas y los libros de registro de movimiento de los explosivos.
