El magistrado Villagómez estará el jueves en el Foro La Región para hablar de jueces y políticos en base a su dilatada experiencia, incluida su etapa como asesor del ministro Fernando López Aguilar
El magistrado Villagómez estará el jueves en el Foro La Región para hablar de jueces y políticos en base a su dilatada experiencia, incluida su etapa como asesor del ministro Fernando López Aguilar.
Desde un juzgado contencioso es testigo de los desmanes de la Administración. En Ourense, detectaron ilegalidades flagrantes en contrataciones públicas .¿En su función jurisdiccional qué le llama la atención?
La contratación es una de las patologías más graves y que más se reproduce en esos comportamientos irregulares, porque no se cumplen los principios de publicidad, transparencia… Se abusa de la contratación directa sin competitividad de participantes y también de la potestad sancionadora, sobre todo de tráfico, de una manera bastante preocupante, sin garantías. Aquí, en Madrid, los jueces estamos condenando de manera reiterada al Ayuntamiento. Las administraciones han estado prácticamente en bancarrota y deben sacar dinero donde sea. Pero no se pude esquilmar al contribuyente.
¿Ha recibido llamadas no del político sino del amigo del político para presionar o sugerir algo?
Nunca, y en caso de que así fuera tendría muy claro lo qué hacer. Ahí radica el valor de la independencia del juez. Esta percepción está muy generalizada en la sociedad, y por eso la gente se lo piensa dos veces a la hora de intentar tocarte.
El juez es independiente del poder político pero no así el órgano que les controla, otorga permisos, sanciona o asciende. Usted hasta habla de “la colonización del poder judicial”. ¿Los partidos deberían abstenerse en la elección de los vocales del CGPJ?
El poder judicial es un poder político, porque la justicia se administra en nombre del pueblo y en el pueblo emanan todos los poderes del Estado. En consecuencia, el órgano de gobierno de los jueces, como poder político, debe ser participado por los demás poderes del Estado en su configuración. Otra cosa distinta es que a la hora de decidir los vocales se produzca una apropiación indebida por parte de los partidos de esa conformación del CGPJ, con una especie de reparto de cromos por la adjudicación de cuotas, porque así esos vocales ya salen marcados.
Los jueces le han dicho en voz alta al Gobierno y a los ciudadanos que están hartos de estar en segunda división. ¿Por qué han esperado tanto en un problema tan viejo?
En estos 40 años de democracia, la justicia nunca ha sido una prioridad a la hora de atender las necesidades públicas, y sigue siendo la asignatura pendiente. Nunca ha estado en las agendas de aquellos que tienen el presupuesto, incluidos los gobiernos autonómicos en ese reparto un tanto desquiciado de competencias. No estamos en segunda, sino en regional en comparación con otros países. Entre 2004 y 2008, se hizo un esfuerzo presupuestario pero los coletazos de la crisis trajeron nuevos recortes y, en estos momentos, hemos de decir bien claro que la situación de la Administración de Justicia en España es absolutamente desastrosa (recalca cada sílaba). Es un milagro que todos los días funcionen los juzgados con los medios que tenemos tanto materiales como personales, con escasos incentivos profesionales y, sobre todo, con la importantísima responsabilidad que estamos asumiendo en estos momentos críticos de la democracia.
Usted trabajó con el ministro López Aguilar (PSOE). ¿El trayecto de ida al poder legislativo es sencillo pero y el de vuelta a la toga?
Estuve en un cargo técnico, con una comisión de servicio otorgada por el CGPJ, para asesorar a un ministro de primera fila de aquel gobierno.
Tuvo alguna complicación...
Algunos intentaron tergiversarlo con fines espurios, pero ese episodio profesional lo tengo olvidado (la recusación del PP que apartó a Villagómez del recurso planteado por Alternativa Popular Galega en el TSXG contra el sorteo que le dio la alcaldía de Os Blancos a los populares en 2011). Me dolió que no fuera comprendido por algunos compañeros.
¿La ideología de las asociaciones judiciales puede ser una tacha? El juez Llarena, que ha procesado a los miembro del Govern, presidió hasta 2015 la conservadora APM.
En Alemania, los jueces pueden pertenecer a partidos políticos y nadie se rasga las vestiduras. Somos seres humanos, votamos en las elecciones y tenemos opinión. ¿Por qué no vamos a poder desnudarnos ante la sociedad para decir cuál es nuestra visión del mundo siempre que después no se decida de forma partidista?
Pero hay que decir que el juez Llarena está actuando con criterios estrictamente profesionales. Evidentemente desde su cosmovisión. Está llevando el caso más relevante de la democracia española, en el que nos jugamos la propia existencia como Estado de Derecho. Una disgregación del territorio nacional puede provocar un efecto pernicioso. Y, además, aguanta el tipo ante encaramientos impresentables. Probablemente, cualquier otro juez con otro enfoque ideológico llegaría a la misma conclusión: no estamos ante hechos políticos sino ante delitos, y en una democracia se persiguen y castigan.
¿El arma del derecho penal se esgrime con ligereza? Los penalistas discrepan si los actos violentos de Alsasua son terrorismo o no.
Es muy hipócrita, porque en 2005, cuando se reformó el Código Penal para definir los actos de terrorismo, hubo consenso. Y terrorismo es atentar gravemente a la paz pública y, a mi modo de ver, lo ocurrido en Alsasua entra de lleno en el tipo penal de acto terrorista. Sin ninguna duda.
¿El encarcelamiento preventivo de los principales líderes del procés no puede dar una mala imagen de España al privarlos de derechos sin sentencia?
En todo el mundo existe la prisión preventiva como medida cautelar y se adopta para garantizar que se pueda celebrar el juicio oral, no se destruyan pruebas o no se sigan cometiendo delitos. Esto no es un lugar marciano en el que adoptamos medidas extrañas. A algunos incluso no se les pueden aplicar porque están fugados.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU dio un tirón de orejas...
Otra falacia del independentismo. No es un órgano jurisdiccional, y se ha limitado a poner un sello a la petición (presentada por Jordi Sánchez y Puigdemont invocando sus derechos civiles y políticos).
¿Ve en el caso Puigdemont un fracaso del modelo de la euroorden de detención y entrega?
En absoluto. La euroorden, que no es una extradición, está muy bien hecha. Lo que veo es un fracaso del tribunal de Schleswig-Holstein, que no ha sabido aplicarla bien. Se ha extralimitado en sus funciones de mero cotejo, entrando en cuestiones de fondo sin elementos de juicio para poder hacerlo. En Alemania, el delito de alta traición es equiparable al de rebelión, protege los mismos bienes.
¿Rectificarán?
Espero que sí. Lo que me ha extrañado es que a nivel interno esta resolución del tribunal del land no se haya llevado al Tribunal Constitucional federal alemán por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por incongruencia de la resolución.
¿Tiene la impresión de que la justicia alemana recela sobre nuestras garantías judiciales?
Puede ser. O se lo explicaron mal o la propaganda independentista, con importantes altavoces, ha calado. Me dicen colegas que en la prensa alemana reputados juristas ya cuestionaron al tribunal de Schleswig-Holstein.
¿La salida al conflicto catalán es judicial?
El caso catalán está judicializado y lo está para quedarse. La salida no es otra que una sentencia. Y en esos deben ser muy conscientes los políticos porque nos jugamos el funcionamiento del Estado de Derecho.Todos tienen que cooperar para que esa persona esté a disposición de la justicia española. Al margen de que los políticos comiencen a cumplir un poco su papel y a hacer política.
