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Alfonso Villagómez: “Hay que proteger la salud pública con recomendaciones, no con sanciones"

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Alfonso Villagómez: “Hay que proteger la salud pública con recomendaciones, no con sanciones"

"Hay que destacar la labor humanitaria que están llevando a cabo los componentes de la Unidad militar de emergencias"
 

¿En calidad de juez cómo valora las medidas adoptadas en el estado de alarma?

Proporcionadas y convenientes a la gravísima crisis de salud pública a la que se enfrenta el Gobierno por la expansión del COVID-19. Como juez contencioso, me llamó naturalmente la atención la disposición del real decreto de alarma referida a la suspensión de plazos procesales y administrativos.

¿La suspensión de los plazos procesales es una garantía para una tutela judicial efectiva?

En líneas generales lo es. Pero hay que distinguir cuando se trata de la suspensión de un plazo propiamente dicho, por ejemplo, el plazo para interponer un recurso dentro de los veinte días; de lo es un término procesal, es decir la fecha en que finaliza un tramite.

Algunos juristas han mostrado dudas sobre la constitucionalidad de algunos preceptos, sobre todo, lo relativo a las restricciones de movimientos o la intervención de los militares. 

Sí, yo mismo me he plantado esas dudas al no establecerse en el real decreto una determinación específica de en qué lugares y las horas concretas, como dice la Ley orgánica reguladora del estado de alarma, en las que los ciudadanos no pueden desplazarse. Por lo que se refiere a los militares, aunque evidentemente no están desarrollando el cometido constitucional que les corresponde de defensa de la integridad territorial de España, hay que destacar y agradecer la humanitaria labor que están llevando a cabo en todo el país los componentes de la UME.

¿Corremos peligros de excesos en las acciones represivas en nombre de la salud pública? 

La salud pública es un título tradicional que justifica la intervención administrativa. En un estado de alarma declarado por razones sanitarias, ante todo, se ha de atender a la protección y seguridad de la salud de los ciudadanos, con medidas consistentes en recomendaciones e instrucciones, no imponiéndoles sanciones de orden público. 

Entonces usted es contrario a las sanciones. ¿Había otras opciones?

No, no es que sea contrario a las sanciones solo señalo que en el ámbito de un estado de alarma la represión sancionadora quizá  no sea la técnica administrativa más indicada. Ante una situación de alarma en la salud pública es más indicado hacer recomendaciones e instruir  a los ciudadanos del peligro concreto  que se cierne para su salud y de los medios para evitarlo.

¿Temen los magistrados de los juzgados contenciosos avalanchas de recursos de los ciudadanos recurriendo sanciones por el incumplimiento?

Más que temerla nos esperamos esa avalancha. Las infracciones que se están denunciando por las fuerzas y cuerpos de Seguridad se basan mayoritariamente  en la Ley de protección de la seguridad ciudadana, la llamada “ley mordaza”. Cuando se interpongan los recursos los, jueces como es natural valoraremos si estas sanciones se ajustan o no a derecho. 

La Guardia Civil interpuso ayer en toda España 4.784 denuncias y 3.407 el sábado. ¿Ocho mil denuncias en dos días no le parecen excesivas?

El principal papel de la policía tiene que ser preventivo en estas circunstancias.  Ahora bien, no puedo valorar si es excesivo o no el número de denuncias al no conocer, como es lógico, las concretas circunstancias en que se han levantado en cada caso los correspondientes partes de denuncia.

Tal vez denota la falta de concienciación ciudadana...

No hay duda de que algunos casos son manifestación de un incivismo intolerable. Pero estos, por desgracia, se dan tanto con estado de alarma como en situaciones de normalidad.

El presidente autonómico de Murcia quiere ir por libre a la hora de endurecer el confinamiento. ¿La autonomía del Gobierno regional le ampara?

No, en absoluto, ni le ampara la autonomía ni lo puede hacer constitucionalmente. ¡Es un disparate!  

¿El CGPJ está a la altura en la aplicación del decreto al ámbito judicial?

Las asociaciones profesionales han contestado a esa pregunta con un rotundo y clarísimo "no". El Consejo se vio obligado a rectificar unas insuficientes medidas para asumir seguidamente su responsabilidad como órgano de gobierno de los jueces.

Personalmente, ¿cómo lo está viviendo usted en Madrid, el principal epicentro del país en cuanto a contagios?

 Con tranquilidad y paciencia. Es vital que todos nos quedemos en casa para que se reduzcan y eliminen totalmente los riesgos de contagio. Y la verdad que los madrileños, como me constan que también los ourensanos, estamos cumpliendo. n

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