La jueza del Penal considera que hostigó, despreció y humilló a una administrativa de la oficina
El Juzgado de lo Penal 2 condenó a Diego González López, coordinador de la oficina del Festival de Cine de Ourense (OUFF), con funciones de director gerente del festival desde finales de 2010, por el acoso laboral ejercido a una administrativa que trabajaba con él. El fallo le impone un año de prisión por un delito contra la integridad moral en concurso ideal con lesiones psíquicas.
En concepto de indemnización, deberá pagar a la víctima 8.488 euros, con responsabilidad civil subsidiaria del Concello. El fallo exonera de responsabilidad a la Diputación porque su relación con el consorcio del OUFF se limitaba a la aportación de una subvención anual para la celebración del festival.
La jueza considera que González López se prevalió de su superación jerárquica para iniciar "una actitud permanente de hostigamiento y desprecio hacia la trabajadora con el fin de humillarla y obligarla a que abandonase su puesto de trabajo".
De esta forma, la sentencia considera probado que la privó de sus funciones hasta llegar a una situación de falta de ocupación efectiva (sus funciones llegaron a limitarse a recoger el correo y atención del teléfono). No sólo la eliminó de la memoria del Festival de Cine de 2011 sino que hasta la privó de una copia de las llaves de la oficina "obligándola en diversas ocasiones a permanecer en la calle hasta la llegada de sus otros compañeros para poder comenzar la jornada laboral" (todos tenía llave menos ella). Asimismo, el acusado remitió correos electrónicos a la administrativa, con copia para el resto de compañeros en algún caso, recriminándole públicamente abandonos del puesto de trabajo y acusándola de sustraer material de la oficina sin que nunca hubiera llegado a ser sancionada por esos hechos.
Todos estos hechos fueron constatados por una Inspectora de Trabajo que detectó una infracción muy grave en material de relaciones laborales.
La trabajadora sufrió trastorno adaptativo con síntomas ansiodepresivos por el que estuvo a tratamiento y aún le resta como secuela un trastorno por estrés postraumático en grado leve.
La ponente valora el testimonio "preciso y persistente" prestado por la denunciante a lo largo de todo el procedimiento. Resalta que la prueba desacredita la igualdad jerárquica invocada por el inculpado cuando dijo en el juicio que era un simple compañero del resto de trabajadores y que no ejercía control "cuando en la instrucción admitió que era el coordinador de la oficina". Para ello, trae a colación, entre otras, la manifestación de la exedil Isabel Pérez, presidenta del consorcio en ese momento, quien aseguró que Diego coordinaba al resto del grupo.
El comportamiento humillante que el inculpado dispensó a la querellante desde que se incorporó de una baja en julio de 2011 se tradujo, dice la jueza, "en un vaciado progresivo de las funciones que inicialmente desempeñaba, limitando su trabajo y estableciendo obstáculos".
