El acusado deberá indemnizar a la víctima con 4.226,07 euros, además de que deberá permanecer alejado del letrado y de su familia
La Audiencia Provincial de Ourense condenó al empresario Carlos R.R. a tres años y medio de cárcel como autor de dos delitos de secuestro en grado de proposición por encargar a dos personas toxicómanas retener a la esposa e hijo menor de un abogado con el que estaba enfrentado. La idea era localizar al letrado y negociar el pago de 50.000 euros a cambio de la liberación de sus familiares. El tribunal sostiene que el acusado, que también les propuso atemorizar al denunciante exhibiendo una jeringuilla, les entregó un croquis en el que constaba la situación de su despacho y de su domicilio. Además, les pagó un anticipo de 1.000 euros. El plan se frustró porque la pareja a la que realizó el encargo puso los hechos en conocimiento de la policía de Vilagarcía de Arousa.
Carlos R.R. alegó que solo les había pedido "intimidar y amenazar al letrado", algo que rechaza el tribunal
"Las conversaciones que mediaron entre el acusado y sus emisarios no requieran de especial interpretación dada la claridad de sus términos", subrayan los magistrados en referencia clara a las intervenciones telefónicas realizadas por la policía.
"Ha de valorarse no solo la concreción de la propuesta, sino su seriedad, como lo demuestra el hecho de que las llamadas fueran reiteradas a lo largo de varios meses y el propio temor que generó en los destinatarios de la misma", destaca el fallo, matizando que la proposición era "adecuada e idónea" tanto respecto del plan delictivo como de los ejecutores designados. Así, la recoge que la propuesta pretendía "ser sorpresiva en el propio domicilio de las víctimas, una madre con su hijo" y que a las dos personas a las que se la realizó podrían "aceptarla y hacerla efectiva debido a sus escasos recursos económicos y a la dependencia a las drogas que padecían".
Indemnización de 4.266 euros para las víctimas
La sentencia , que admite recurso ante el TSXG, establece una indemnización de 4.266 euros para el letrado, que ejercía la acusación particular y reclamaba 38 años de cárcel para el empresario. La indemnización recoge el daño moral causado y los gastos derivados del sistema de videovigilancia que tuvo que instalar para su seguridad.
El acusado tampoco podrá comunicarse ni acercase a esa familia a menos de 300 metros en cinco años.
