La Audiencia de Lugo ha condenado al expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil Francisco Fernández Liñares a cinco años de prisión por delitos continuados de cohecho y prevaricación en relación a las mordidas aceptadas a cambio de obras. El tribunal, que le apreció la atenuante de dilaciones indebidas, le impuso también 20 años de inhabilitación para empleo o cargo público y una multa de 7.200 euros.
Junto con Fernández Liñares, en esta pieza separada del caso Pokemon de Pilar de Lara, la jueza sancionada por el CGPJ por la forma caótica de llevar su juzgado, se sentaron en el banquillo nueve empresarios, de los que ocho confesaron los pagos al inculpado a cambio de contratos y solo uno mantuvo su inocencia. Este último fue absuelto de los delitos de cohecho y prevaricación.
La sala valora la colaboración de los industriales en el esclarecimiento de los hechos, ya que han sido de "gran ayuda a la hora de valorar la muy abundante y compleja prueba". Fueron condenados como autores de los mismos delitos: un año y tres meses de cárcel, seis años de inhabilitación para empleo o cargo público y seis meses de inhabilitación para obtener subvencione y para contratar con entes, organismos o entidades que formen parte del sector público, así como la inhabilitación para gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la seguridad social durante un año y nueve meses.
Los empresarios que reconocieron los hechos "ponen de manifiesto una misma mecánica de actuación, tanto en las ofertas con invitaciones como en la intervención del presidente de la CHMS en la realización de las ofertas y, asimismo, en el concierto de pagos a cambio de obras”.
Algunas de estas obras se realizaron en Ourense: las obras de emergencia para la estabilización de talud y reposición del cauce del arroyo afectado por su derrumbe a su paso por el paraje de Onduriña en Vilamartín de Valdeorras, así como otras en Xinzo, Entrimo, Padrenda o San Cibrao.
La sala considera que el expresidente del organismo de cuenca las adjudicaba mediante procedimientos negociados, por lo que tenía la obligación de solicitar, como mínimo, ofertas a tres empresas antes de cerrar los contratos. Los jueces sostienen en el fallo que el entonces presidente y los tres empresarios que concurrían a las licitaciones ya habían pactado previamente cuál de ellos sería el adjudicatario del contrato. Los otros dos, por tanto, se presentaban para darle cobertura y apariencia de legalidad. De esta forma, las compañías se turnaban para conseguir las adjudicaciones.
Además de los testimonios de los empresarios, los magistrados indican que las intervenciones telefónicas y los seguimientos realizados durante la investigación "ponen a las claras las relaciones habidas entre el presidente de la CHMS y los acusados".
Los desmanes de Liñares llegaron al punto de que, pese a disponer de un coche oficial, contrató con cargo a la Confederación Hidrográfica un vehículo con conductor para sus usos particulares, entre los que incluía los desplazamientos desde Lugo a Ourense, en donde está la sede del ente que presidía. "El mencionado vehículo no fue en realidad destinado a la finalidad contratada, tal como constaba en el pliego de condiciones elaborado por el director del contrato, en el que figuraba la exigencia de un vehículo con conductor para los desplazamientos, sino que lo utilizó desde el principio para su desplazamiento persona a Ourense y a otros lugares fuera del ámbito de la Confederación que presidía". La sala repara en que en la Semana Santa del año 2011 Liñares ordenó al conductor transportar hasta Lérida una partida de angulas como obsequio a un alto cargo del ministerio".
