La inquilina del cuarto piso del edificio de la antigua Cámara de la Propiedad, Lucila Vázquez Campos, reclamará a la Xunta los gastos del hotel en el que vivió desde agosto a noviembre del pasado año mientras aguardaba a que la Administración autonómica, propietaria del inmueble, reparase el ascensor.
La afectada, de 93 años, había roto la cadera y no podía acceder a su piso subiendo y bajando escaleras. Ocupa esa vivienda desde octubre de 1963 cuando su marido, quien fue secretario de la Cámara de la Propiedad, firmó un contrato de arrendamiento.
El letrado que la representa, Roberto Estévez, confirmó que inicia ahora un expediente de responsabilidad patrimonial contra la Xunta "por los daños y perjuicios acaecidos contra Lucila y que, en caso, de no ser estimada la reclamación habrá un nuevo frente judicial en la jurisdicción Contencioso Administrativa. La afectada afronta el expediente tras la decisión de la Audiencia, notificada ayer, de dar carpetazo definitivo el procedimiento penal por coacciones inmobiliarias.
La sala confirmó íntegramente el auto del juez de Instrucción 2, Luis Doval, que acordó en abril de este año el archivo de la causa en la que se investigó a dos cargos de la Xunta a raíz de una querella de la fiscalía por la presunta comisión de un delito de coacciones para desalojar a la nonagenaria. Un asunto en el que llegaron a declarar en calidad de investigados la secretaria xeral técnica y al subdirector de Patrimonio de la Consellería de Facenda, Socorro Martín y Jacobo Moure, respectivamente.
En la resolución de la apelación, en la que la fiscal interesó esta vez la confirmación de la resolución del juez, la sala rechaza las alegaciones de la afectada en las que planteaba "una suerte de instigación continuada" y la falta de mantenimiento deliberada de los servicios comunes del edificio (limpieza y ascensor) para que abandonara el inmueble. La Consellería de Facenda, dentro del plan de racionalización del patrimonio público, pretendía que los inquilinos desalojasen el edificio para destinarlo a usos administrativos pero negó prácticas de acoso para lograr su objetivo.
El auto notificado ayer respalda por completo los argumentos del instructor. "Los sólidos y acertados razonamientos del juez desarticulan de manera inequívoca una mínima consistencia indiciaria legitimadora de la continuación del procedimiento", destaca la Audiencia. Aclara que las dos comunicaciones firmadas por Socorro Martín en calidad de secretaria técnica (en 2013 y 2018) para que Lucila Vázquez desalojase la casa no tuvieron carácter intimidatorio.
Los magistrados tampoco ven reproche penal en la actuación de los imputados en cuanto a la falta de mantenimiento de los servicios comunes esenciales del edificio. Recuerdan que "no consta que a lo largo de la dilatada vigencia del contrato la Secretaría de Patrimonio asumiese el control efectivo del mantenimiento del edificio por más que le esté asignada la titularidad del inmueble".
Además, añaden que no constan reclamaciones o quejas de los dos únicos inquilinos (hay otro vecino en el quinto) dirigidos a solventar la situación. Aunque el inmueble es ahora de Facenda, la Consellería de Xustiza era la encargada del mantenimiento hasta 2015 al menos en las plantas donde había juzgados. El inquilino del quinto se encargaba de la limpieza y actuaciones menores.
