La campaña de máximo riesgo de incendios arranca hoy condicionada por el retraso en los desbroces de maleza a causa del confinamiento durante la pandemia del covid-19. Además, las lluvias registradas durante la primavera han facilitado el crecimiento de la maleza. Las brigadas de los distintos concellos, Medio Rural y de la Diputación se afanan estos días en cortar la maleza que crece en márgenes de las carreteras y los distintos pueblos para crear una franja de seguridad que impida, en caso de registrarse un incendio, que afecte a bienes no forestales. La misma tarea también la están realizando efectivos de las compañías eléctricas y de teléfono en lugares por los que discurren sus tendidos.
El dispositivo antiincendios que puso en marcha Medio Rural es similar al de otros años. Un total de 1.700 efectivos (7.000 en toda Galicia) se encargarán de combatir las llamas en la provincia, aunque todos ellos podrían ser desplazados por todo el territorio gallego en caso de registrarse un alta actividad incendiaria. En Ourense, los trabajadores contarán con el apoyo de dos aviones con sede en la base de Antela y ocho helicópteros desplegados en Toén, San Xoán de Río, O Barco, Verín, O Xurés.
La provincia dispone una Brigada de Refuerzo de Incendios (Brif) con sede en Laza, aunque esta pertenece al Ministerio de Agricultura. Los trabajadores, que vienen participando con éxito en los últimos años en fuegos declarados en todo el territorio nacional, aún no disponen de ninguno de los dos helicópteros que utilizan para apagar las llamas. Los bomberos ya están operativos pero, en caso de incendio, están obligados a desplazarse en coche, lo que provocará retrasos en su actuación. Las aeronaves ya deberían estar operativas desde el pasado 17 de junio.
El Seprona intensificó la vigilancia en las 22 parroquias de la provincia con más incendios para detener a los autores
Cámaras de vigilancia
El fuego calcinó el año pasado 2.632 hectáreas de monte en la provincia. Medio Rural puso en marcha el operativo con el objetivo de reducir a cero la superficie calcinada. En caso de producirse un fuego, la prioridad es que no supere una hectárea. Para ello , la consellería puso en marcha por segundo año consecutivo un teléfono para que la población denuncie a los incendiarios (900 815 085). Además, según el departamento que dirige José González, ya fueron instaladas 120 cámaras de videovigilancia, a través de las que se controlará el 58% del bosque gallego. Además, el personal dispondrá de cartografía, drones y datos sobre la evolución de las condiciones meteorológicas nada más registrase un fuego.
Por otro lado, a los guardias civiles del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) se les dieron instrucciones claras: establecer dispositivos de vigilancia en torno a las parroquias que registraron más de cinco incendios en los últimos años. Son 28 localidades gallegas, de las que 22 están en Ourense, en concreto en Manzaneda, Oímbra, Cea y Vilariño, Melón, Piñor, Chandrexa de Queixa, Maceda, A Veiga, Cualedro, Laza, A Mezquita y Muíños.
El personal técnico de prevención reclama mejores condiciones laborales
El personal técnico del servicio de prevención de incendios forestales de la Xunta mantuvo ayer una reunión para reclamar a la Consellería de Medio Rural un nuevo acuerdo que regule sus condiciones de trabajo, una reivindicación que vienen manteniendo desde hace más de dos años con el apoyo de las centrales sindicales CIG, CCOO, CSIF y UGT. Recuerdan que el acuerdo alcanzado en el año está "desfasado".
Los trabajadores organizaron varias movilizaciones -recuerdan que continuarán protestando-, argumentando que la citada consellería "non é capaz de decirnos como pretenden reorganizarnos". Medio Rural, según dicen, les trasladó el pasado día 29 un proyecto de mejora, pero los técnico de prevención entienden que la propuesta "é un mero retoque do acordado no 2019, só aplicable aos xefes de distrito", afirman las organizaciones sindicales.
Dos investigados por provocar fuegos tras una quema en A Peroxa y Celanova
Un vecino de A Peroxa y otro de Celanova prestaron declaración en los últimos dos días en calidad de investigados como presuntos autores de un delito de incendio forestal. En ambos casos, las llamas se propagaron al monte después de que los investigados quemaran rastrojos agrícolas sin tomar las correspondientes medidas de seguridad para impedir que las llamas se propagasen.
El vecino de A Peroxa declaró ante la Policía Autonómica como presunto autor de un fuego que se declaró el pasado día 24 de junio en la parroquia de Graíces, dentro del mismo municipio. El fuego afectó a 0,1 hectárea de monte raso y 0,05 de arbolado.
En el caso de Celanova, las diligencias las instruyó la Guardia Civil. El fuego se declaró el 25 de junio en los alrededores de la localidad de Mourillós y calcinó 0,06 hectáreas de superficie rasa.
