Un lunes cualquiera, el edificio judicial de O Couto es un lugar con mucho trajín. Gente que entra y sale continuamente, casi siempre con prisas, porque debe asistir a una vista oral; presuntos delincuentes que tienen que "fichar"; abogados o procuradores que asisten a juicios, testigos que deben hacer memoria, familiares de detenidos en busca de noticias, papás que quieren inscribir a sus hijos, entre el sinfín de trámites que pueden acercar al ciudadano a ese inmueble administrativo. Sin olvidar los más de 200 funcionarios que trabajan en el edificio gris y otros tantos profesionales o más que tienen allí el epicentro de su trabajo diario.
En la planta baja, esperar a alguno de los dos ascensores destinados al público (el personal tiene elevadores propios) que se mueven entre la sexta y el sótano requiere paciencia. A veces, mucha. Hay momentos, en hora punta, que se calibra en tres o cuatro minutos. A los que sumar algún extra cuando hace parada en cada planta o baja cuando uno quiere subir. Sube cuando uno quiere bajar Muchos se sorprenderían de la cantidad de gente que pulsa el botón del ascensor para subir desde el sótano a la planta cero, apenas 15 escaleras. Pero ayer el ascensor se quedó quieto por culpa del coronavirus. Hace dos años, la huelga de funcionarios ya había dejado escenas parecidas.
La actividad judicial -salvo casos muy tasados contemplados como servicios esenciales- se suspende mientras se mantenga el estado de alarma. Ayer vació el edificio judicial de O Couto. Además, según explica el juez decano de Ourense, Leonardo Álvarez, "cualquier persona que no trabaje en el edificio tiene prohibido el acceso, salvo que concurra una causa muy justificada como la asistencia a un
o la petición de una licencia de enterramiento", explica.
Del millar de personas que pueden entrar y salir un día fuerte, apenas cuarenta en el día de ayer, incluyendo los dos abogados que sí pudieron acceder por un caso de violencia de género.
Las puertas giratorias del acceso principal se clausuraron, quedando habilitado únicamente un acceso por el edificio de guardia, con un policía, adscrito a la seguridad del inmueble, controlando las entradas.
Los servicios mínimos para los funcionarios quedaron fijados a las once de la noche del pasado domingo, entre uno o tres trabajadores, según el juzgado, explica José Antonio Sotelo, del CSIF. En total, una treintena, incluyendo juzgados, fiscalía, notificaciones y embargos, Registro Civil e Imelga.
En cuanto a los jueces, según informa el decano, Leonardo Álvarez, acudió al edificio un magistrado por cada una de la jurisdicciones, al igual que los letrados de la administración de justicia. En lo que concierne al servicio que presta el Ministerio Público, los fiscales de guardia (uno para Ourense y el de guardia para las villas) y se alternan el fiscal jefe en funciones, Julián Pardinas, y la teniente fiscal, Marisa Melero. "El resto, teletrabajando y permanentemente a disposición", explica Pardinas.
La guardia en Instrucción, según Leonardo Álvarez, fue muy tranquila. "Sin detenidos el fin de semana y uno el lunes por violencia de género", asegura. Ahora bien, el primer día de trabajo en la sede judicial tras decretarse el estado de alarma fue muchísimo más ajetreada de lo normal. Según comenta, las reuniones con compañeros de jurisdicción (Instrucción) para organizarse o la resolución de dudas planteadas por los distintos operadores jurídicos le comieron literalmente la mañana. "Fue horrorosa, un no parar desde primera hora", aseguraba por teléfono ya por la tarde y algo más tranquilo.
Estado de alarma | Servicios esenciales
Plazos procesales
Se suspenden juicios e interrumpen plazos procesales .
Penal
La suspensión no afecta a los habeas corpus, a las actuaciones encomendadas a los servicios de guardia, detenidos, órdenes de protección, a las causas urgentes en materia de vigilancia penitenciaria y a cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer o menores.
Otros
Se garantizan Internamientos no voluntarios , los procedimientos de conflicto colectivo y para la tutela de derechos fundamentales y libertades públicas así como la adopción d e medidas o disposiciones de protección del menor.
