Óscar G.L. y Francisco Javier G.H., los dos encausados por matar a un "colega" que habían conocido en la prisión de Pereiro de Aguiar, se enfrentan a peticiones de prisión de hasta 25 y 24 años de cárcel, respectivamente (la fiscal reclama 23 y 22) en el juicio con jurado popular que se celebrará este año. Ambos, detenidos en diciembre de 2018 en el marco de la "operación Avaro", tras una minuciosa y solvente investigación de la Guardia Civil, en la que fue atando cabos durante cuatro meses hasta llegar a ellos con pruebas e indicios, están acusados de asesinar a Fernando Espiño Iglesias, de 63 años, el 11 de agosto de ese año cuando disfrutaba de un permiso carcelario. Según las acusaciones -la fiscal y el hermano del perjudicado-, sabían que la víctima había cobrado una herencia y se antojaba dinero fácil si lo mataban. Ellos niegan el asesinato.
Iglesias Espiño afrontaba la recta final de su condena por un parricidio: fue sentenciado a 54 años de prisión por los asesinatos de su mujer y sus dos hijos, de 12 y 18 años, en Las Palmas de Gran Canaria en 1996. Confiaba en sus compañeros de talego ciegamente porque su círculo social era muy reducido y no andaba sobrado de amigos. Los tres se habían conocido en la cárcel de Pereiro y se hicieron amigos. Hasta el punto en que cuando Espiño Iglesias gozaba de un permiso (en 2007 comenzó a salir) acudía la granja que Francisco Javier explotaba en Suareixa (Maside). Allí realizaba trabajos a cambio de una habitación en donde dormir y un plato de comida. La relación entre todos fue cordial hasta que el segundo pecado capital se abrio camino entre ellos.
Herencia materna
El fallecido había cobrado una herencia tras la muerte de su madre. Las acusaciones sostienen que, por ese motivo, los dos investigados "urdieron un plan para acabar con su vida y apropiarse de su dinero". Para ello, según esa versión, aprovecharon el permiso número 81 del parricida, el 11 de agosto de 2018. Esa misma mañana, entre las 11.00 y las 13.20 horas, según recoge la fiscalía en su escrito de acusación, golpearon a Fernando con un objeto contundente a la cabeza. El forense determinó que murió por traumatismo craneoencefálico. El plan también incluía deshacerse del cadáver: el cuerpo apareció enterrado en una mina de agua, envuelto en plásticos, en una finca de Piñor de Cea propiedad de la familia de Francisco.
Los imputados -sostienen las acusaciones- se apropiaron de siete tarjetas de débito y prepago de la víctima para retirar un total de 22.490 euros 48 reintegros en cajeros. Las primera disposición, el mismo día del crimen y la última está datada el 24 de agosto, en distintos emplazamientos de las provincias de Ourense, Pontevedra, Burgos y hasta Portugal (Melgaço).
La Guardia Civil les siguió el rastro hasta acorralar a Óscar, quien acabó confesando, aunque no asumiendo el crimen, dónde estaba enterrado Fernando.
La fiscal acusa por asesinato en concurso con una estafa continuada, en relación a las retiradas de dinero con las tarjetas. Reclama 22 años para Francisco y 23 para Óscar porque le aplica la agravante de reincidencia (una condena previa por estafa de la Audiencia de Gijón en 2016). La indemnización para el hermano del fallecido la fija en 40.000 euros, además del dinero obtenido con las tarjetas robadas.
Acusación particular
La acusación particular interesa 24 y 25 años, respectivamente, porque aprecia delito de asesinato en concurso medial con un robo con violencia e intimidación y la estafa continuada. La indemnización la sube a 50.000 euros y reintegrar los 22.490 euros al patrimonio hereditario del fallecido.
