La testigo, que declaró por videoconferencia, afirmó que en los informes advertían de que la cesión municipal era una obligación recogida en la Ley del Suelo de Galicia y que se estaba incumpliendo la ley
El caso de los aprovechamientos urbanísticos que el Concello no cobró entre 1997 y 2002 llevó ayer ante el juez en calidad de testigo a la asesora jurídica Mariana Martínez, quien declaró por videoconferencia.
La asesora, en línea con lo que ya ratificaron otros funcionarios municipales ante el instructor, aseguró que la exención del 10% a los constructores y promotores no se ajustaba a la normativa vigente. Aseguró que en los informes advertían de que la cesión municipal era una obligación recogida en la Ley del Suelo de Galicia de 1997 y que, por tanto, se estaba incumpliendo lo legalmente dispuesto. Un forma de proceder que, tal como añadió, se realizó de forma sistemática. También puntualizó que un informe del entonces secretario municipal, Mariano Rodríguez, avalaba esa actuación. Asimismo, a preguntas de la abogada de la denunciante, explicó que nunca se reunieron los técnicos y jurídicos para hablar sobre el tema.
15 ACTUACIONES
La denuncia de la ex concejala socialista de Urbanismo Aurea Soto se sustenta en un informe en el que se especifican 15 actuaciones urbanísticas de las que el Concello no exigió el 10%, lo que se tradujo en 1,6 millones de euros no percibidos por las arcas municipales. Una ilegalidad ratificada por el Consello de Contas.
La asesora jurídica ya había sido citada en una ocasión anterior por el titular del Juzgado de Instrucción 1, Leonardo Álvarez, que dirige la investigación sobre las cesiones urbanísticas del 10% que el Concello de Ourense no reclamó durante varios años de gobierno del Partido Popular en la ciudad.
