Los promotores del club en el que entró la Policía defienden su existencia. Aseguran que tienen socios a quien se dispensa la marihuana con unos límites, y que no entran personas ajenas
Los promotores del la asociación de cannabis GreenDay, situada en la avenida de Portugal, reivindican su situación de legalidad, después de que una operación de la Policía Nacional acabase con una de las promotoras detenida como presunta autora de un delito contra la salud pública el 8 de junio, quedando ese día en libertad.
A la espera de la decisión judicial, tanto ella como otro de los promotores recibieron a este periódico en el interior del local –cerrado de momento por decisión propia–.
Rechazan ser un "punto de venta de droga", ya que funcionan como otras asociaciones de consumo social de marihuana en España: "Tenemos estatutos presentados ante las autoridades y nos regimos por principios democráticos", con los cuales funcionan desde hace un año y medio "sin ningún problema". Aseguran que "ni se compra ni se vende, sino que se dispensa" a los socios , con un límite de tres gramos diarios. De hecho, aseguran que "no pueden entrar quienes no sean socios" y que, para serlo, "han de acreditar que son consumidores previos, avalados por algún socio".
USO TERAPÉUTICO
Afirman que siempre fueron "con los estatutos por delante" y que muchos socios le dan un uso terapéutico. "Hay gente con problemas de artrosis que viene aquí. Mejor esto a que tenga que verse abocados a ir a buscar droga a la calle", cuentan. "No vendemos la moto, creemos en lo que hacemos", insisten los dos, que auguran que en cinco años "estará normalizado". Ahora, tienen entre 35 y 40 socios.
El asesor legal de la Federación de Asociaciones de Cannabis del País Vasco, Aitor Brión, asegura que "hay jurisprudencia del Supremo que defiende el consumo compartido", como en este caso, con "consumidores veteranos" y restricción a menores de 21 años.".
Los promotores de Greenday señalan que la sustancia se consume "solo dentro", si bien existen trabas, "porque no podemos ponernos a cachear a todo el mundo", a la hora de controlar si alguien se va con sustancias fuera. "El socio incumpliría su compromiso, y tendría que ser expulsado", añade Brión.
En todo caso, según el asesor, se les dijo que la intervención se hizo por una denuncia "que todavía no mostraron".
