Está acusado de operaciones bancarias que lastraron a la asociación
Los problemas económicos que llevaron a la liquidación de Aspanas Termal S.L.U. y los apuros financieros que tuvo que sortear la matriz, la Asociación de pais a favor das persoas con retraso mental de Ourense, saldrán a colación en el juicio que sentará en el banquillo a su principal directivo entre 2002 y 2013, Juan José R.F.
Hasta ocho años de prisión reclama Aspanas a su exdirector gerente, con funciones en Recursos y Planificación desde 2007, por administración desleal y un delito societario. La entidad considera que la actuación negligente del también representante legal de la mercantil Aspanas Termal desembocó en una complicada situación financiera a raíz de operaciones bancarias que acarrearon perjuicios económicos para los socios al tener que recurrir a la financiación externa para alzar embargos judiciales y afrontar deudas.
Según sostiene el letrado de la asociación, Juan Carlos González Iglesias, el acusado presentó ante la junta directiva de la asociación en 2013 y 2014 informes económicos "que no reflejaban la verdadera situación de la entidad, ocultando una serie de operaciones para las que carecía de la autorización del órgano rector". En concreto, se refiere a la firma con el BBVA, en abril de 2013, de un contrato de factoring (una empresa traspasa el servicio de cobranza futura de los créditos existentes a su favor y a cambio obtiene de manera inmediata el dinero a que esas operaciones se refiere, aunque con un descuento) por importe de 166.887 euros, actuando como administrador y deudor principal de Aspanas Termal, una empresa que en ese momento estaba dirigida por su esposa, como apoderado de Aspanas asociación y avalista de la operación.
Los impagos provocaron que el banco interpusiera una reclamación judicial en 2014, decretándose el embargo de los bienes de la asociación al reclamarle un total de 141.854 euros
Además de las penas de prisión, Aspanas añade a la petición de condena una multa de 12 meses a razón de 30 euros al día por un delito societario, junto a una indemnización de 100.000 euros.
Subvenciones cobradas
La fiscal, quien acusa de un único delito societario, insta como pena principal dos años de prisión y multa de nueve meses a razón de seis euros al día, rebajando la responsabilidad civil a 80.474 euros.
El ministerio público precisa que el contrato de factoring pertendía ser un anticipo de una subvención del coste salarial "pese a que el acusado era conocer cuando lo suscribió que Aspanas Termal había cobrado ya esas cantidades".
Al igual que la acusación particular le imputa otra irregularidad: el depósito de 100.000 euros en el Banco Popular, sin conocimiento de la directiva, y su posterior pignoración (dejar en prenda bienes como una forma adicional de garantía de pago) a favor de Aspanas Termal hasta 2020 y en una cuenta de la que Juan José R.F. era el único autorizado (aperturada en enero de 2013). De hecho, Aspanas no puede disponer de esa cantidad.
La defensa alega que la junta directiva le dio un poder en febrero de 2012 "con amplias facultades" para realizar las operaciones financieras necesarias. Más aún, sostiene que la directiva de 2013 no le impuso la obligación de informar de cada una de las operativas que llevara a cabo. "No realizó ninguna operación de la que no tuviera conocimiento la junta directiva o no hubiera sido facultado para ello", aduce su letrada en su escrito de defensa.
Según esta argumentación, la gestión desplegada "no supuso ningún perjuicio para la entidad Aspanas".
