OPERACIÓN ANTIDROGA

Asuntos Internos llegó a la trama de drogas investigando el robo de armas

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photo_camera El juez que instruye la operación Zamburiña, Leonardo Álvarez, el día de las declaraciones.

La operación Zamburiña se destapó a raíz de los pinchazos telefónicos realizados en la Comisaría para saber quién robó seis pistolas 

La unidad de Asuntos Internos de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional que se hizo cargo de la operación Zamburiña contra el tráfico de drogas en Ourense, que se saldó con 13 detenidos, dos de ellos policías del Grupo Operativo de Estupefacientes de la Comisaría de As Lagoas, llegó a la trama investigando otra bien distinta. La desaparición de armas en el verano de 2014de un búnker, un lugar restringido con videovigilancia, movilizó a los agentes de Asuntos Internos, quienes se desplazaron a la ciudad, alquilaron un piso y comenzaron a pinchar teléfonos sin que los mandos policiales de Ourense fueran informados en ningún momento. Los primeros meses eran pocos -entre dos y seis pero el día de las detenciones, cerca de 20.

En las intervenciones de la comunicaciones, aparece conversaciones de Josefa P.G, más conocida como la Pucha, una histórica del tráfico de drogas en la ciudad y con antecedentes por delitos contra la salud pública, con el jefe de estupefacientes, Antonio R.F., en las que se constatan las irregularidades que argumentan la operación Zamburiña. Asimismo, en los ocho tomos del sumario, aparecen conversaciones comprometidas de Felipe M.A., el otro policía detenido la pasada semana, con José Ramón R.R., alias Tronquito, copropietario de un conocido garaje de coches de la avenida de Zamora, en donde también apareció droga.

Según aseguran fuentes cercanas al caso, los policías hacían las vista gorda -"daban cobertura a actividades ilícitas de los traficantes detenidos"- a cambio de que les facilitasen información que delatase a otros narcos y así cerrar operaciones antidroga con éxito sin grandes desvelos. También, según determinó Asuntos Internos, "accedían a aplicaciones informáticas para obtener información relativa a las personas a las que protegían".

Pero los imputados lo desmienten. Reconocen que sí tenían confidentes entre los detenidos, pero niegan la inmunidad. "Lo importante no es lo qué dices sino lo qué haces y esas imputaciones -delito contra la salud pública, omisión del deber de perseguir delitos, falsedad, revelación de secretos y hasta cohecho- no se pueden probar", señala el letrado que los representa, Jorge Álvarez. De hecho, recuerda que ninguno de los supuestos traficantes implicó a los agentes y que no apareció droga u otros indicios delictivos en sus domicilios. La principal inculpada en la organización criminal negó en varias ocasiones que colaborase con los policías durante su interrogatorio.

El juez del caso, Leonardo Álvarez, envió a prisión a Josefa P.G. (Pucha), José Ramón R.R. (Tronquito) y a José V.V., alias Josito. Este último, según declaró la Pucha, era quien le traía la droga desde Vigo, esto es, el principal abastecedor, algo que él negó hasta la saciedad.

Los investigadores ponen en el epicentro de la banda a Josefa P.G., quien llegó a reconocer que parte de la droga incautada la pertenecía. En total, la policía decomisó 4,7 kilogramos de cocaína, 1,5 de hachís y 1,7 kilos de heroína, además de un arma corta, atribuida a José Ramón R.R., y 85.000 euros .

La droga, en cajas fuertes

Josefa P.G. es la presunta jefa del grupo criminal, que centralizaba la información que se daba a los policías de drogas y coordinaba al resto de detenidos. De hecho, según detallan las diligencias, tenía línea directa con el grupo del grupo de estupefacientes a través del teléfono. Asimismo,se registraron hasta cuatro viviendas con las que ella tenía vínculos de una u otra forma (o vivía o pagaba gastos de agua/luz): la residencia habitual de la calle Francisco de Moure, en O Couto; una casa en Punxín y dos pisos de la calle Júpiter y Urano, en el corazón del barrio de Covadonga. La droga apareció en las tres primeras casas, oculta en cajas fuertes. Sólo se responsabilizó de las aprehensiones en O Couto y Punxín.

Asimismo, hubo registros en el parking de O Posío y domicilios particulares de los investigados en la calle Camelias, Progreso y avenida de Santiago. Comenzaron a las 15,30 horas del día 10 y finalizaron a las 04.00 horas del miércoles 11.

Los tentáculos de la operación también llegaron a Verín y Redondela. En en el registro en la villa del Támega aparecieron más de 30.000 euros. Su morador también llevaba consigo 6.000 euros cuando fue detenido en la ciudad. Niega que los 30.000 euros de su casa le pertenezcan. Sólo se responsabilizó de los 2.000 que había en una habitación.

El juez instructor continuará la próxima semana con la toma de declaraciones a cinco investigados que restan por declarar, al margen de los 10 que ya lo hicieron, así como varios testigos.

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