El juzgado de Ribadavia derivó la apelación en contra del juicio oral
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ribadavia, tras desestimar el pasado 24 de enero la oposición a la apertura de juicio del ministerio fiscal y de los letrados que representan al delegado de la Xunta, Rogelio Martínez, y a Pablo Fernández Loureiro, ambos imputados en el proceso penal por fraude de subvenciones y falsedad documental cuando el primero era alcalde de Arnoia, ha derivado la apelación a la Audiencia. Este tribunal decidirá si ratifica o no el referido auto del Juzgado de Ribadavia mediante el que anunciaba la continuación del proceso después de que el PSdeG y el BNG lo acusaran de prevaricación, falsedad de documento público, fraude en subvenciones y malversación de fondos públicos, por lo que han solicitado para Rogelio Martínez 10 años de inhabilitación especial y un total de 17 años de prisión.
José Arcos, que representa a la acusación, confía en que la Audiencia confirme el auto, ya que "hay resoluciones previas de la Audiencia de que hay indicios de criminalidad y, por lo tanto, de que hay que continuar con el proceso". Por eso, matizaba que "si sigue el mismo criterio confirmará el juicio oral; lo que sería sorprendente es que hiciese lo contrario". El letrado calcula que en un mes resolverá.
Por su parte, Rogelio Martínez aseguró que "eu non presentei apelación contra o auto, foi o fiscal quen o fixo basándose en que no caso de que houbera algún delito, estaría prescrito". Además, según el delegado de la Xunta, la apelación también se basó en que "a imputación é xeral e non especifica de qué se acusa a cada un dos imputados.
