TRIBUNALES

La Audiencia de Ourense reserva seis días para juzgar el crimen del holandés de 2010

El hombre fue asesinado, supuestamente, a raíz de las disputas surgidas por el dinero de los montes comunales

La Audiencia Provincial de Ourense ha reservado seis días, desde el lunes 18 de junio hasta el 25, para el juicio por el crimen del holandés Martin Verforden en el año 2010, en la localidad orensana de Petín, supuestamente asesinado a raíz de las disputas surgidas por el dinero de los montes comunales. 

En concreto, el fiscal del caso, Miguel Ruiz, solicita, en su escrito provisional, diecisiete años de prisión, para uno de los dos hermanos acusados, Juan Carlos R.G., mientras que quedaría exento de responsabilidad penal su hermano Julio en aplicación del artículo 454 por ser familiar, quien presenta discapacidad intelectual.

Como alternativa, en caso de que en el juicio se acredite que el asesinato fue pactado entre los dos y, por lo tanto, que son coautores, propone que sean condenados a diecisiete y dieciocho años de cárcel.

En el escrito, el Ministerio Público considera probado que Juan Carlos R.G., aprovechando que su mujer Margo Pool se encontraba en Holanda, el 19 de enero de 2010 a las 13.15 horas "le esperó a la entrada del pueblo" y le obligó a detener el vehículo, momento en que "de una manera totalmente sorpresiva y sin la más mínima capacidad de reacción" le disparó a través de la ventanilla y acabó con su vida. 

Según esta tesis, "minutos después" de la tragedia, el hermano menor, con discapacidad intelectual leve, con intención de que el crimen quedase impune, trasladó el vehículo a un paraje conocido como As Tozas y, una vez en el lugar, ocultó el vehículo, sacó el cuerpo del mismo y le prendió fuego a escasos metros del citado lugar. 

Como alternativa, el fiscal plantea la posibilidad de que los dos hermanos se hubiesen puesto "de mutuo acuerdo" para acabar con la vida de Verfondern "en ejecución de un plan preconcebido e ideado por Julio", quien -este último- inicialmente había llegado a reconocer ante los investigadores que había disparado por miedo a ser atropellado y posteriormente cambió de versión. 

Los hechos se remontan a 1997 cuando el matrimonio, en búsqueda de las aguas más limpias del mundo, se instaló en Santoalla (Petín) e inició un nuevo proyecto en este lugar, donde únicamente habitaba otra familia, conformada por la mujer, Jovita, el marido Manuel R.F. y sus dos hijos. 

Después de un tiempo marcado por la buena convivencia entre ambas familias, la situación comenzó a cambiar cuando Martín y Margo pretendieron formar parte de la comunidad de montes vecinales mancomunados. 

A partir de aquí, el fiscal cree que se iniciaron "múltiples conflictos" debido a que la familia no quería que pudiesen acceder al dinero de los montes comunales hasta el punto de que Martin llegó a iniciar "los trámites para contratar un seguro de vida" puesto que entonces empezaba "a temer por su vida" e instaló cámaras en su vivienda. 

De hecho, la propia Margo llegó a relatar en varias ocasiones a los periodistas que su pareja llegó a grabar a sus vecinos rociando con veneno su huerta y también al citado Julio, abriendo un paso con el tractor a través de su finca.

Entonces, la familia intentó desviar la atención al asegurar que probablemente lo ocurrido tenía que ver con un asunto de drogas. 

La casualidad llevó a que en esa época una productora, Cristina de la Torre, junto con los estadounidenses Andrew Becker y Daniel Mehrer grabasen un documental, que se incorporó a la instrucción, en el que relataban la extraña desaparición del holandés, trabajo que se superpuso con el hallazgo del coche calcinado y que les obligaría a incorporar nueva documentación, hecho que llevó al fiscal a solicitar su visionado en la vista oral. 

Tras años sin noticias, también fruto de la casualidad, un destello captado desde un helicóptero permitió a los investigadores localizar el coche calcinado y destapar así el asesinato del holandés. 

Ocho años después, el fiscal interesa diecisiete años de prisión para Juan Carlos -quien continúa en prisión desde que fue detenido- como supuesto autor de un delito de asesinato, tenencia de armas, y exención para Julio como encubridor, con la alternativa de diecisiete y dieciocho años de cárcel para ambos, en concepto de coautores así como la prohibición de aproximarse o comunicarse con Margo Pool a menos de trescientos metros. 

Asimismo, pide que indemnicen con "200.000 euros" para Margo Pool, actualmente la única habitante de Santoalla, en concepto de responsabilidad civil.

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