OURENSE

Áurea Soto denuncia posible malversación pública por al menos 1,6 millones de euros

El escrito detalla varios posibles delitos por incumplimiento de la ley del suelo de 1997

La edil de urbanismo de Ourense, Áurea Soto, ha denunciado en el juzgado de guardia la posible malversación de caudales públicos, por valor de al menos 1,6 millones de euros -cuantía correspondiente a la obligación de los propietarios de suelo urbano de ceder el 10% de su aprovechamiento en cada actuación urbanística a la administración pública-.

En una rueda de prensa, Soto explicó que el plan especial de reforma interior (PERI) del núcleo especial etnográfico de Seixalbo quedó inicialmente aprobado en la junta de gobierno celebrada a primera hora de la mañana, y los términos fueron detallados por los arquitectos municipales José Manuel Oliver y José Antonio Padrón.

Tras esa exposición sobre las 250 viviendas revisadas y con un plan especial para futuras rehabilitaciones e instalación de actividades económicas en ese pueblo del perímetro rural de Ourense, la edil respondió a preguntas sobre otras cuestiones y detalló la denuncia que presentó ya en el juzgado de guardia.

Según el escrito, al que tuvo acceso Europa Press, el informe de fiscalización del urbanismo de Ourense entre los años 1999 y 2002, a cargo del Consello de Contas de Galicia, incluyó como "irregular" el hecho de que el Ayuntamiento no exigiese a los promotores privados 6.975 metros cuadrados de aprovechamiento, del total de 69.755,88 metros cuadrados de suelo urbanizado.

El informe incluye dos zonas urbanas en las que la cesión fue sustituida por el pago en metálico de ese 10 por ciento que correspondía al ayuntamiento, en base a "la imposibilidad de adjudicar una parcela resultante al Ayuntamiento que representase ese 10% de acuerdo con lo previsto por la ley de suelo".

Con ese informe, y los datos revisados por el actual equipo de gobierno, según se detalla en la denuncia, la edil pide que se investigue ese incumplimiento de la ley del suelo de 1997, "y se siguiese aplicando un acuerdo plenario de 1994 para no reclamar a los propietarios esa cesión del 10%, que puede sumar mucho más según se irá viendo en la investigación", señaló la denunciante.

Además del informe del Consello de Contas, la denuncia incluye otro de un arquitecto y un aparejador municipales que detalla las actuaciones en las que no se aplicó la ley del suelo, que son una docena y entre ellas, la más cuantiosa, la del suelo situado en el barrio de O Couto, detrás de la parroquia de Fátima, donde la valoración municipal del 10% que correspondería al ayuntamiento por cesión de los promotores es de 699.100 euros, tras el desarrollo urbanístico de la zona aprobada en el año 2000.

"LA MISMA AGILIDAD"

Soto instó a los jueces a "abrir diligencias e investigar con la misma agilidad que hicieron hasta ahora en estos temas", en alusión a las denuncias presentadas por los grupos de la oposición y por el promotor Bautista Rodríguez, en cuyas instrucciones declararon como imputados casi todos los ediles de las dos últimas legislaturas en Ourense.

Respondió también a una pregunta sobre los motivos por los que ahora denuncia en vía penal esta cuestión, hasta el momento sólo presente de forma reiterada en ruedas de prensa sobre diferentes actuaciones urbanísticas de la época de los gobiernos del PP, denunciadas y solventadas ahora, según explicó Soto en cada ocasión.

"Hasta ahora nos pareció fundamental poner todo en orden y en marcha, incluso conseguimos instalar esa cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico de los promotores, y esto provocó una judicialización de toda la actuación con el fin de expulsar a este Gobierno para que puedan volver los otros a hacer lo que hacía, así que ya toca", sostuvo.

Según la edil, "ahora es el momento" de defender la gestión realizada por el gobierno municipal del PSOE "y evitar que vuelva a ocurrir lo de antes". Subrayó que ahora es tan importante "impedir que vuelva a ocurrir lo ocurrido, como gestionar", así que el objetivo es evitar "que vuelvan los mismos a hacer lo mismo de antes".

En relación a la posible prescripción de los delitos que denuncia -sin dirigir el escrito contra nadie en concreto-, Soto, y su denuncia lo incluye, consideró que los hechos denunciados podrían suponer pena de prisión de 4 a 8 años e inhabilitación absoluta durante 10 a 20 años, "si se considera la malversación de especial gravedad, a causa del valor de las cantidades sustraídas y al daño o entorpecimiento producido al servicio público".

En ese caso, el plazo de prescripción, que correría desde que se produjeron los hechos, sería de 15 años, por lo que no afectaría a los ocurridos desde 1999.

"DESDE EL RENCOR"

Por su parte, el portavoz del PP municipal, Rosendo Fernández, dio a conocer en un audio enviado a los medios de comunicación su respuesta a la denuncia presentada por Soto. Según Fernández, es "extremadamente triste y deplorable" que la concejala "tire de hemeroteca" y retroceda en el tiempo, y lo atribuyó a que Áurea Soto "quiere morir matando". "Es la pichichi de las imputaciones y ahora, tras siete años de gestión, se acuerda de las exenciones urbanísticas", dijo.

El portavoz del principal grupo de la oposición municipal pidió a la edila que gestione los intereses urbanísticos "y no siga gobernando desde el rencor".

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