Se ha remitido al alegato que leyó en el juicio contra ella y contra el abogado Carlos Hernández, para denunciar el interés de algunos para "echarnos del gobierno"
La exconcejala de Urbanismo en el Ayuntamiento de Ourense durante la etapa con el socialista Agustín Fernández en la alcaldía, Áurea Soto, ha considerado "justa" la sentencia que la absuelve de un delito de prevaricación urbanística en la legalización de la plaza de San Antonio.
Se ha remitido hoy al alegato que leyó en el juicio contra ella y contra el abogado Carlos Hernández, para denunciar el interés de algunos para "echarnos del gobierno".
El Juzgado de lo Penal 2 de Ourense acordó la absolución de ambos en el caso de la legalización de un complejo urbanístico, por el cual el Ministerio Público solicitaba 10 años de inhabilitación y que la acusación popular elevaba a 21, por entender que infringieron "a sabiendas" la normativa para solucionar la legalidad de la misma.
"Me suscribo punto por punto al alegato que hice en el juicio, que fue muy claro", ha señalado Soto, quien cree que la resolución emitida por la juez que instruyó la causa ha sido "justa", "que es lo que se le debe pedir a un juez", ha puntualizado.
En el manifiesto, la socialista aseguraba que no estaba en el banquillo de los acusados por un delito de prevaricación, relacionado con la legalización de un complejo residencial de viviendas, ni por la propuesta de resolución de la Junta de Gobierno Local de la indemnización, por la que se ordenaba el pago de 358.528 euros a una vecina de la calle Bedoya por perder las vistas desde su inmueble.
"Yo estoy aquí sentada porque era imprescindible para echarme del gobierno municipal", aludía Soto en dicho alegato, en el que hablaba incluso de "acoso" contra el gobierno socialista por impedir que determinados promotores cobrasen el 10 por ciento municipal.
Durante el juicio, su defensa criticó la actitud de la fiscal e incluso del juez instructor a quienes acusaron de "ocultar" información sobre el procedimiento por interés "político".
La investigación judicial contra la exconcejala se inició a raíz de una denuncia presentada por Democracia Ourensana (DO) en 2011, grupo que cuenta en la actualidad con 8 concejales, y que acabó retirándose del caso, y la acusación la ejercieron tanto la Fiscalía como la hija de un empresario local, en calidad de acusación popular.
En la sentencia, la titular del juzgado de lo Penal número dos de Ourense considera que "no ha quedado acreditado" que ninguno de los dos, ni Soto ni su abogado, que redactó el informe jurídico externo para intentar frenar la demolición de las viviendas y del párking, "contraviniesen de modo claro y manifiesto" la legalidad.
Tras trascender el fallo, Soto, absuelta de un delito de prevaricación urbanística, cree que esta denuncia es sólo una más de la "lluvia de denuncias" que impulsó el grupo encabezado por Gonzalo Pérez Jácome contra el anterior gobierno, del PSOE, "que nunca se vio en la historia para echarnos del Gobierno", ha remarcado.
La exconcejala ha calificado de "importante" esta resolución "para la ciudad", tras asegurar que lo preocupante es "cuando no se hace justicia".
La citada plaza que estaba ocupada por un asilo de ancianos regentado por una congregación religiosa había sido cedida al consistorio para uso público. Con posterioridad, el gobierno liderado por Manuel Cabezas (PP) autorizó en 1998 la construcción de viviendas y de un aparcamiento subterráneo para su explotación privada.
Sobre estas obras llegó a haber una sentencia de demolición del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en 2004. Entonces, el gobierno socialista, que entró en 2007, autorizó las licencias de obra y ocupación a las viviendas y garajes, y que la acusación considera de titularidad pública. Además, en junta de gobierno autorizó el pago de unos 358.000 euros en concepto de indemnización a la propietaria del edificio que les demandó.
Entonces, Áurea Soto llamó la atención sobre que el derribo de las viviendas de cerca de un centenar de familias supondría un pago de indemnizaciones por parte de la administración local que rondaría los 40 millones de euros.
Ahora, la exconcejala no descarta la posibilidad de estudiar algún tipo de medida judicial contra los denunciantes por el "quebranto" que supuso dicha denuncia. Soto se vio obligada a abandonar el gobierno tras producirse la apertura de juicio oral.
Por su parte, la acusación popular estudia si recurrir el fallo, ya que la sentencia no dice "que las licencias sean legales". Este tema se encuentra en la actualidad en el contencioso-administrativo por presuntas irregularidades urbanísticas.
