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AVE: Javier Gallego culpa a Pardo de Vera del bloqueo de las obras

Isabel Pardo y Javier Gallego.
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El ex director general de Adif señala a la actual presidenta por la paralización de los trabajos en 2016

La semana pasada, Adif revelaba, en su contestación al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en la que le acusaba de deslealtad institucional, que las obras del AVE gallego estuvieron paradas y se mantuvieron sin dotación presupuestaria durante más de tres años. Un episodio que se produjo cuando Ana Pastor estaba al frente de Fomento y Gonzalo Ferre, en la presidencia del Adif.

En aquel período, el parón y la falta de ejecución presupuestaria coincidió con la falta de entendimiento entre Adif y las constructoras, lo que llevó como consecuencia a la paralización de algunos subtramos de la línea entre Pedralba de la Pradería y Taboadela  por diferentes criterios de valoración de trabajos a mayores sobrevenidos durante la construcción, o por modificados de precios sobre el inicialmente adjudicado. Adif se mantuvo inflexible en su pulso con las constructoras, aplicando el criterio de no aceptar por modificados que superasen el 10 por ciento que establecía la ley. En 2016 se produce un cambio de criterio en Adif y el entonces director general de construcción, Javier Gallego, es sustituido por la actual presidenta del administrador ferroviario, Isabel Pardo de Vera, que regresa  a Adif con el objetivo de desbloquear los subtramos paralizados.

En relación a su participación en esa etapa, el entonces director general del Adif, Javier Gallego, explica en un comunicado enviado a este medio, que en 2016, en el que se le atribuyó a su persona inacción y falta de entendimiento con las empresas constructoras, “la actual presidenta del Adif, Isabel Pardo de Vera, era la gerente de gran parte de las obras del AVE a Galicia y, por lo tanto, máxima responsable de su gestión en la zona, gozando de un profundo conocimiento de las obras en curso y obligada por su puesto de trabajo a localizar soluciones lícitas para los problemas existentes”.

Gallego añade que ese mismo año “se detectaron por Adif irregularidades en las obras administradas por esa gerente por importe superior a 12 millones, consistentes en adelantos económicos no justificados, obras no autorizadas y abono de expropiaciones a través del contratista de las obras”. Y prosigue: "Ante tal situación no procedía más que dilucidar la veracidad de las irregularidades y no era viable alcanzar ningún acuerdo legal sobre las obras con las contratas”.

Según  Gallego, Adif denunció ante la fiscalía las irregularidades detectadas “en las obras de la gerente, a pesar de que la señora Pardo ostentaba ya en ese momento el puesto de directora general”. Javier Gallego añade que Pardo de Vera “pudo intervenir en el procedimiento, controlar la información que se hacía llegar a la fiscalía y encargar informes paralelos para justificar las desviaciones detectadas”.


La Fiscalía no detectó delito en la gestión de la presidenta de Adif


Adif señala que los hechos no se corresponden con las manifestaciones de Javier Gallego. "Fue una directora de obra quien remitió un e-mail al interventor delegado en Adif en el año 2016, manifestando que a su entender había certificaciones de obras y contratos de ACO (Asistencia Control de Obras) incorrectas”.  “El interventor decidió aplicar automáticamente el criterio de la remisión de esta notificación a la Fiscalía, mientras que en paralelo internamente se decidió llevar a cabo una auditoría externa de todas las unidades de obra que se ponían en duda, que abarcó a varios contratos de la zona de Galicia, tanto de obras como de ACO. Como resultado de ese trabajo, los auditores concluían que no se habían certificado cantidades superiores a lo realmente ejecutado. El resultado de dicha auditoría se remitió a la Intervención y a la Fiscalía”. 

El 25 de octubre de 2017, la Fiscalía Especial contra la corrupción y la criminalidad organizada señala que: “Practicadas las investigaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos, mediante decreto de esta fecha, no estando acreditado que los hechos denunciados sean constitutivos de delito, se acuerda el archivo de las diligencias de investigación”.

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