La recuperación que se atisba en la economía continúa sin ser visible en buena parte de la ciudadanía, como demuestran los datos recopilados por la Consellería de Política Social en la memoria de 2018 sobre ayudas de inclusión social para las personas más desfavorecidas, prestaciones que volvieron a caer por tercer año consecutivo, pero que doblan las que se concedían antes de la crisis. Así, durante el pasado ejercicio se registraron cada día de media algo más de cinco solicitudes para cobrar ayudas de inclusión social, lo que supone 1.897 solicitudes. Solo en ocho municipios –Os Blancos, A Gudiña, Calvos de Randín, Larouco, Lobeira, Manzaneda, Vilamartín de Valdeorras y Verea– no hubo peticiones.
La mayoría de las tramitaciones están destinadas a la percepción de la Renta de Inserción social de Galicia (Risga), una modalidad que supuso para la Xunta el desembolso en la provincia de cerca de 6,7 millones de euros durante todo el año repartidos entre 1.174 beneficiarios, que cobraron al mes casi 444 euros. Un año atrás, el gasto total del Gobierno gallego en la Risga fue superior a los 7,8 millones.
El perfil tipo del receptor es el de una mujer (el 62% de las rentas son para el sexo femenino) que tiene entre 35 y 44 años (más del 29% están en esta franja), soltera y con estudios primarios o incompletos. Nueve de cada diez perceptores de la Risga están en situación de desempleo, mientras que uno de cada cinco pertenece a una minoría étnica.
Por concellos, la ciudad de Ourense concentra al 50% de los beneficiarios de la renta de inserción social. Entre las villas, Verín destaca en el ranking con 135 perceptores.
La Consellería de Política Social reserva también en su presupuesto una importante cantidad para solucionar problemas puntuales de personas necesitadas, las denominadas Axudas de Inclusión Social (AIS). En total, se repartieron en la provincia de Ourense 720 por importe superior a 840.380 euros.
Las más habituales (un 34%) estuvieron destinadas a facilitar la atención sanitaria o sociosanitaria, siguiéndole en la clasificación las que hacen más asequible hacer frente a las necesidades básicas de alimentación o ropa, con casi un 28%, y las vinculadas a adquirir el mobiliario básico para las viviendas, que supusieron algo más del 17% del total.
Más ingresos, principal causa de extinción
La memoria de Política Social recoge también las causas para que la Xunta deje de conceder la Risga a los beneficiarios. Durante 2018, se produjeron un total de 600 salidas del programa, la mayoría por superar los ingresos máximos que fijan las condiciones de la percepción (un 27,5%). Además, también tiene especial peso para eliminar la ayuda que los beneficiarios no cumplan con el proyecto de integración social, algo que sucede en el 12% de los casos de extinción de la ayuda, que se otorga con la condición de que haya un papel activo para abandonar la situación de exclusión.
Por otro lado, la concesión de las ayudas de inclusión no se producen con carácter inmediato. En la provincia, el tiempo medio de resolución de la Risga es de 95 días, mientras que en las de apoyo a gastos puntuales crece hasta los 136 días.
