EN OURENSE

Las ayudas de inclusión social en la provincia doblan las de antes de la crisis

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photo_camera Perceptores de la Risga, en una de las actividades organizadas por Xunta y Concello de Ourense en 2017.

La provincia cerró 2017 con 1.889 beneficiarios de la Risga o prestaciones para gastos puntuales 

Las ayudas económicas para favorecer la inclusión social gestionadas por la Xunta se redujeron en la provincia de Ourense durante 2017, pero incluso así doblan las que se entregaban una década atrás, en los albores de la crisis económica. Así lo refleja el informe sobre la aplicación y evaluación de la Lei de Inclusión de Galicia elaborado recientemente por la Consellería de Política Social, que sitúa en 1.889 las rentas concedidas el año pasado, muy por encima de las 952 de 2007 pero menos que las aprobadas hace dos ejercicios, cuando hubo 2.162

La Renta de Inclusión Social (Risga), una herramienta destinada a garantizar los recursos económicos para la subsistencia a aquellos que no dispongan de medios y estén en riesgo de exclusión, fue la ayuda más concedida, con 1.295 beneficiarios que deben comprometerse a participar en proyectos de inserción, impulsados por la Xunta y los concellos.

En el desglose a nivel municipal, el informe de Política Social refleja que la ciudad contaba a 31 de diciembre con 623 beneficiarios, mientras que en 13 ayuntamientos no había ninguno. Destacan los 143 perceptores de la Risga en Verín.

Por otro lado, la Xunta también tramita las ayudas de inclusión social, prestaciones que, a diferencia de la Risga, no son periódicas, y que llegaron a 594 personas en la provincia durante el pasado año. Ocho concellos –Ourense (379), Verín (36), Xinzo de Limia (26), Carballiño (24), Maside (16), O Barco (12), Barbadás y Celanova (11)– concentran prácticamente la totalidad de las personas con estas aportaciones.

Las solicitudes de este tipo de ayudas responden a diferentes motivos, aunque los mayoritarios fueron la atención de necesidades de alimentación o vestimenta (32,94% del total de los casos), motivos sanitarios y sociosanitarios (30,3%) y para hacer frente al gasto de la vivienda (17,4%) o al equipamiento de la misma (15,4%).


Perfil


El análisis de los beneficiarios de las ayudas autonómicas de inclusión social refleja que las mujeres representan alrededor del 60% del total, pero la presencia masculina se hace más notoria a partir de los 45 años, franja en la que se enmarcan el 65% de los hombres con una subvención.

Según el estado civil, más de un tercio de los beneficiarios están solteros, un porcentaje que atendiendo únicamente a los varones crece hasta el 50%. Por otro lado, prácticamente la mitad de las personas con una prestación tiene familia, aunque el 41,5% vive en un hogar unipersonal.

Atendiendo al nivel de estudios, el 45% tiene hasta Primaria, mientras que el 37% no terminaron este ciclo y el 4% son analfabetos. Según la situación laboral, el 94% se encontraban en paro en el momento de percibir la renta.

Cabe resaltar también, según el informe elaborado por Política Social, que una de cada cinco ayudas de la Risga están dirigidas a personas incluidas en una minoría étnica; el 15% son para familias monoparentales; el 12% tienen alguna discapacidad o el 10% padece de drogodependencia o alcoholismo. Algo menos del 5% están destinadas a víctimas de violencia de género o doméstica.


Medio millar de peticiones fueron desestimadas


La Consellería de Política Social gestionó durante el año pasado 2.201 solicitudes de ayudas de inclusión, 938 de la Risga y 1.263 de rentas puntuales para alquiler, cuestiones de alimentación o sanitarias.

Del conjunto, 1.058 fueron estimadas, 518 desestimadas y 138 archivadas, mientras que 487 quedaron pendientes para abordar durante el presente año. En el caso de la Risga, el tiempo medio de tramitación de las solicitudes ronda los  99 días, mientras que en las ayudas no periódicas es de 111 días. En ambos casos, las cifras están por debajo de la media de Galicia, de 126 y 157 días respectivamente.

A la hora de denegar las peticiones, los principales motivos que esgrime la Consellería de Política Social son el superar los ingresos máximos que se establecen como filtro en función del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y no encontrarse en situación de riesgo de exclusión social ni tener carencia de recursos para subsistir, que suman un 46% de los casos.

Disponer de bienes patrimoniales suficientes para vivir (19%)  o ser perceptor de una pensión (9%) son otras de las razones por las que se deniegan solicitudes para la Risga.

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