El presidente de la Diputación urge una reunión de la junta de gobierno de la Femp para que se pronuncie contra la supresión de estas instituciones que pretende el pacto PSOE-Ciudadanos
El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, alertó ayer de que el pacto entre PSOE y Ciudadanos para formar gobierno en España y que contempla la futura supresión de las diputaciones "supone un gravísimo ataque a la autonomía provincial y a sus órganos de gobierno reconocidos por nuestra Constitución". Por ello, el también miembro de la junta de gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) ha remitido una petición al secretario de la Federación solicitando una convocatoria "extraordinaria y urgente" para que se posicione en defensa de las diputaciones provinciales.
Manuel Baltar reivindica el valor institucional de estas instituciones, de los cabildos y de los consejos insulares "como gobiernos que cumplen la misión de cooperar en la vertebración territorial y de velar por la igualdad y acceso de todos los ciudadanos a los servicios necesarios", por lo que entiende que la Femp debe posicionarse en defensa de los intereses del conjunto de las diputaciones.
En concreto, Baltar demanda una reunión extraordinaria que incluya como único punto de orden del día el siguiente: “Declaración de la Junta de Gobierno de la Femp en defensa de las Diputaciones Provinciales”.
El presidente de la institución ourensana recuerda que es partidario de reformar el régimen electoral para que se elijan en urna a los miembros de las corporaciones provinciales; es una "cuestión que defiendo desde siempre como también la reforma de la financiación", de ahí que presentase, en la anterior campaña electoral a las municipales, un programa propio de gobierno para la Diputación. Destaca, además, que estas instituciones "son constitucionales" y fueron coprotagonistas, "como gobiernos locales intermedios, de la mejora general de nuestros pueblos y ciudades", explicitando que "cumplen con una labor de coordinación territorial, de auxilio a los pequeños y medianos municipios, de prestación de servicios de primera necesidad y proximidad que no podrían proporcionar muchos municipios por si solos, de impulso de actuaciones complementarias en temas de competencia municipal, mejorando la gestión local".
Junto a ello, Baltar destaca que las diputaciones juegan un papel esencial en la generación de economías de escala, "contribuyendo al abaratamiento de los costes y produciendo un efecto multiplicador sobre los recursos". Y así, argumenta, provincias y municipios, ayuntamientos y diputaciones "integran una misma comunidad política local y comparten unos mismos intereses, con relación de paridad institucional".
En su exhaustivo argumentario Baltar entiende que las diputaciones "son imprescindibles" para dar cumplimiento al artículo 139 de la Constitución, que garantiza que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del estado. Por ello, la supresión de los órganos provinciales, dice, "convertiría en ciudadanos de segunda división a millones de españoles que viven en el medio rural, en su mayoría en pequeños pueblos, a los que no se les pueden negar los mismos derechos, oportunidades y obligaciones que al resto de ciudadanos". Y la Femp, desde su fundación, "ha tenido como una de sus máximas el apoyo a los pequeños municipios, y ejemplo de la importancia que para la federación tienen los mismos -destaca- es la reciente creación, en esta legislatura, de una nueva Comisión de despoblación".
Tres puntos
Por ello, propone tres puntos de acuerdo: reivindicar el valor institucional de las diputaciones, cabildos y consejos insulares como gobiernos que cumplen la misión de cooperar en la vertebración territorial y de velar por la igualdad y acceso de todos los ciudadanos a los servicios necesarios; exigir al futuro Gobierno que respete estas instituciones para no castigar a los millones de españoles que, bajo su amparo, conviven en municipios rurales; y valorar que el presente inmediato de estos organismos no pasa por su eliminación sino por alcanzar, junto con los ayuntamientos, el objetivo de dotarse de unas administraciones modernas y eficaces al servicio de los ciudadanos.
