La solución alcanzada con Hacienda para reducir el reintegro neto por el ‘caso depuradoras' satisface al PP pero recibe críticas de los portavoces de PSOE y BNG en la Diputación
El acuerdo alcanzado entre la Diputación de Ourense y la Dirección General de Fondos Comunitarios, dependiente del Ministerio de Hacienda, para reducir a la mitad el reintegro neto que la institución ourensana debe efectuar por la gestión de las minidepuradoras de los proyectos Daredo y Deputrans, satisface al gobierno provincial, que valora positivamente esa solución al conflicto, planteado tras la inspección de la Oficina Europea contra el Fraude (Olaf). De hecho, Manuel Baltar, presidente de la Diputación, aplaudía, en un comunicado público, la solución alcanzada porque con la decisión del ministerio de aceptar su propuesta -el reintegro de la mitad del dinero con cargo a dos subvenciones ya concedidas a la institución pero no pagadas- no hace sino "cumprir coa miña obriga de defender os intereses provinciais". Eso sí, recuerda que la Diputación tiene planteado un pleito contencioso, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el que ha pedido la suspensión cautelar, hasta que una sentencia resuelva, del reintegro de la otra mitad del dinero a devolver, en este caso, 5.198.454 euros.
Pero la fórmula empleada por Baltar para causar el menor quebranto posible a las arcas provinciales ha sido criticado por los dos grupos de la oposición. El portavoz socialista, Ignacio Gómez, calificó la medida de "tomadura de pelo" porque, afirma, la Diputación pierde "realmente" los 10,1 millones de euros, no la mitad, puesto que "debe reintegrar 5,2 millóns e o resto, cáseque outro tanto cóbrao o Ministerio de subvencións concedidas", un dinero, señala, "que se perde, polo que haberá que mirar agora que axudas, ó mellor xa gastadas, van ter un problema para executarse".
De igual modo, el BNG señala que Baltar Blanco sólo pretende "correr un tupido velo" sobre esta cuestión, "nunha sorte de trilerismo político" haciendo ver algo "que non é tal, pois o único que conseguiu é gañar algo de tempo, adiantando os 4,9 millóns que nos corresponden en concepto de subvencións e quedando a deber ás arcas do fisco 5,2 millóns".
Las subvenciones a las que se refieren los nacionalistas, retenidas porque no se han abonado los 10,1 millones inicialmente exigidos, alcanzan la cifra de 4.924.599 euros y se corresponden con dos ayudas diferentes, no cobradas, de los fondos Feder, para programas de cooperación territorial con Portugal y otros. Según el gobierno de la Diputación, datan del año 2007 y las adeuda desde entonces el Ministerio de Hacienda.
