Vanesa L.P. se enfrenta a una petición de condena de hasta cuatro años y medio de prisión -la fiscal pide tres- por sustracción de menores y abandono de familia, después de que en el año 2017 permaneciera casi cinco meses en paradero desconocido con sus dos hijas, que en ese tiempo estuvieron sin escolarizar, incumpliendo una resolución de un Juzgado de Barakaldo que le obligaba a entregárselas al padre. Este último, que tiene concedida la custodia, estuvo sin ver a las niñas desde marzo hasta agosto.
El letrado de la acusada, Rubén Veiga, cree que no puede ser condenada, invocando en el juicio celebrado en el Penal 2 una eximente incompleta por el miedo insuperable que sentía. Para ella huir era una causa más que justificada porque creía que su vida y la de sus hijas de 6 y 11 años corría peligro y debían protegerse. La inculpada sufre una esquizofrenia paranoide y se siente perseguida.
La forense que la examinó así lo corroboró. "No estaba tomando la medicación desde hacía meses y tenía un comportamiento errático; con las facultades intelectivas y volitivas anuladas; creía que su pareja la perseguía y quería hacer daño por lo que actuaba conforme a esa idea delirante", explicó .
Su marido había sido condenado por maltrato, tenía vigente una orden de alejamiento y, según ella misma relató ayer, se fue desde el País Vasco a casa de su madre en Verín por temor. "Tenía miedo a que nos hiciera daño, que nos agrediera", aseguró. Posteriormente, huyó a Ribeira (A Coruña), en donde vivía en una autocaravana, para evitar que su marido la localizase. En ese tiempo, las menores no fueron al colegio, pero la madre sostuvo que leían en casa.
Las explicaciones de la médico forense sirvieron a la fiscal para introducir una alternativa a la condena a prisión: la aplicación de una eximente completa por trastorno mental, pero con la imposición de una medida de seguridad, cinco años de tratamiento ambulatorio.
La expareja de la inculpada, sin embargo, no se apeó de su planteamiento inicial. "Huir, planificar, matricular a sus hijas en Verín o cancelar la matrícula son acciones que las ejecuta una persona que razona perfectamente", sostuvo el abogado de la acusación particular.
El padre estuvo sin verlas cinco meses
Una sentencia de 7 de mayo de 2014, dictada por el Juzgado de Violencia de Violencia sobre la mujer de Barakaldo, otorgó la custodia a la madre, tal cual el convenio presentado por los progenitores.
Pero el padre de la las niñas, el 20 de febrero de 2017, solicitó una modificación de medidas. Interesó la guardia y custodia por los problemas de salud psíquica de la madre. "Me llamó la Ertzaintza porque mis hijas estaban en el hospital y la madre, en Psiquiatría", explicó ayer por videoconferencia.
Fue en ese momento cuando la acusada decidió ir a Galicia. "Mi hija mayor me avisó una semana antes y el 25 de febrero se las llevó", relató. En el periodo en que estuvieron en Verín, su hija mayor le mandaba mensajes por la noche porque, según el padre, la encausada no le dejaba hablar con él. El 23 de marzo se acordó que las menores regresaran a Barakaldo para que continuaran con su escolarización. Esa misma resolución le otorgaba provisionalmente la custodia. Cuando la tía paterna fue a Verín a recoger a las menores, ya se había ido. El 28 de julio la localizaron y la detuvieron en Ribeira.
El padre no volvió a ver a las niñas hasta el 19 de agosto de 2017.
