El expediente de la multa anulada por el Concello de Ourense –con el visto bueno del propio afectado– al alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, sigue sin estar accesible para la oposición y el BNG llevará a la Valedora do Pobo un escrito de queja.
La concejala de Seguridad Ciudadana y Policía Local, María del Mar Fernández Dibuja, volvió a negar por segunda ocasión –anteriormente lo había hecho a una petición de los socialistas– el acceso al trámite de alegaciones que Jácome hizo –y que fueron estimadas–. Esta vez, fue el BNG el que recibió la negativa, amparándose de nuevo en que el regidor no dio el consentimiento para acceder al mismo al haber datos personales en el mismo.
"Comunícolle novamente que non é posible acceder á súa solicitude", señaló la concejala delegada de Seguridad Ciudadana, aludiendo que al ser un expediente sancionador, "resulta preciso para obter o acceso solicitado que conste o consentimento do afectado", que ,según explica en la misiva remitida a los nacionalistas, no fue concedido.
El gobierno local se ampara en el artículo 15.1 de la Lei de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, que recoge que si la información contuviese "datos relativos á comisión de infraccións penais ou administrativas que non conlevase a amoestación pública ao infractor, o acceso só se poderá autorizar no caso de que se conte co consentimento expreso do afectado ou se aquel estivese amparado por unha norma con rango de lei".
Esta argumentación no convence al grupo municipal nacionalista, que no se quedará con los brazos cruzados y se dirigirá a la Valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, para mostrar su queja y pedir el amparo de este organismo.
Este asunto se encuentra ya en manos de la Justicia, ya que la Fiscalía recibió ya la documentación requerida al Concello sobre el expediente de la multa, tras la denuncia realizada por Ciudadanos por un presunto delito de prevaricación administrativa.
