El BNG reclama subir las pensiones en Ourense por el aumento de los precios

Un grupo de pensionistas juega a las cartas. ÓSCAR PINAL
photo_camera Un grupo de pensionistas juega a las cartas. ÓSCAR PINAL

La Xunta de Galicia replicó al BNG que estas retribuciones dependen del Gobierno central

La diputada del BNG Noa Presas reclamó ayer a la Xunta una estrategia específica con más recursos para paliar el problema de los pensionistas de la provincia de Ourense, que son los peor remunerados de España. En su intervención, ante una comisión el Parlamento de Galicia, Presas destacó que los pensionistas en Ourense reciben una prestación media de 1.010 euros mensuales, “a máis baixa” del Estado.

Eso supone que de 93.595 pensionistas en Ourense, unos 65.500, es decir “sete de cada dez, cobran menos do salario mínimo”, dijo la parlamentaria autonómica, y subrayó que las mujeres son las más perjudicadas por esa y otras brechas. La representante del BNG lamentó que las competencias sobre pensiones correspondan al Ejecutivo central, pero consideró que “o Goberno galego ten marxe de actuación”.

Presas reprochó al PP que no haya aplicado políticas para disminuir las “desigualdades territoriais” y que el asunto “non sexa unha preocupación”. En ese sentido, invitó a la Xunta a “non desatender esa realidade” y a “impulsar algún tipo de estratexia” para erradicar esa situación, tras apuntar que las estadísticas oficiales evidencian en Galicia “unha bolsa estrutural importante” de población vulnerable.

“Un cuarto da población galega está en situación de pobreza”, enfatizó Presas, y añadió que las encuestas estructurales muestran que “un 50 % dos galegos chega con dificultade ou moita dificultade a fin de mes”, lo que entraña “unha debilidade importante no sistema económico” de la comunidad derivada de las “insuficientes” medidas políticas.

Réplica

El director de Inclusión Social de la Xunta, Arturo Parrado, dijo ser “partidario de que as pensións mínimas teñan un maior aumento” y afirmó que eso es lo que “está facendo” el Gobierno autonómico. Sin embargo, alegó que las competencias sobre pensiones recaen en el Gobierno central y que las comunidades autónomas solo gestionan las de carácter no contributivo “en base á orde estatal”, a la que añaden un complemento.

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