Al menos un tercio de los estudiantes que el curso pasado comían gratis ahora deben pagar en función de la renta de su familia

La burocracia retrasa la aplicación del decreto de comedores escolares

Los cambios en el servicio de comedor, en la imagen el del colegio de Primaria de Allariz, trastornan a padres y profesores. (Foto: M. ATRIO)
El curso escolar 2013/14 se ha iniciado con problemas en los comedores escolares, cuyo nuevo decreto -por el que las tasas a pagar por cada alumno dependen de la renta per cápita familiar, lo que hace que los precios oscilen entre los 0 y los 4,50 euros dependiendo de los casos- presenta dificultades en su aplicación.
En realidad y según explica Pablo Fernández, director del CPI José García de Mende, la nueva norma supone un cambio en la situación de los alumnos que necesitan ser transportados desde sus hogares al centro escolar. 'Hasta este año, los alumnos que tenían que venir en bus escolar comían de manera gratuita, pero ahora tienen que pagar el servicio de comedor', dijo Fernández, que no descarta que se termine privatizando también el transporte. En el caso de los alumnos no transportados, tenían un tope por renta de hasta 3,10 euros, cuando este curso son ya 4,50 euros. Porque ahora un tercio de los estudiantes ourensanos que precisan del servicio tienen que pagar por él, una cantidad variable según su renta. Hasta ahora más del 95% de los alumnos comían gratis, especialmente porque se vinculaba esta gratuidad al servicio de transporte escolar, cuestiones ambas que ahora se desvinculan.


EL PROBLEMA

En cualquier caso, y además de las quejas de los padres, el problema en este inicio de curso es la burocracia a la que obliga el nuevo decreto autonómico. Y es que es la evaluación del precio que debe pagar cada alumno corre a cargo del personal del propio centro, que tiene que revisar una a una las declaraciones de la renta de los inscritos. Esta función a menudo recae sobre el propio director, que debe compaginar esta ardua tarea con las funciones ya ligadas a su cargo, lo que supone que 'a veces tenga que trabajar entre 8 y 10 horas más con el tema comedores y hacer de asesor fiscal de las familias', explica Fernández.

Como consecuencia, se está produciendo una demora en la asignación de precios a los alumnos, así como en la publicación de cifras oficiales por parte de la Consellería de Educación, lo que impide conocer todavía el número de escolares inscritos y de personal de cocina contratado en el presente curso.

Existen tres tipos de comedores escolares: los de gestión directa, los de gestión indirecta -ambos administrados por la Xunta- y los gestionados por las APAs. El primer tipo está formado por aquellos comedores que son gestionados por el propio personal de la Administración autonómica, mientras que en los de gestión indirecta la Xunta contrata a una empresa para cocinar y servir comidas; en el último de los tipos, son las propias asociaciones de padres las que invierten subvenciones y ayudas para financiar el comedor, mientras Educación cede las instalaciones.

Los cambios de un tipo a otro generaron también conflicto al inicio de curso. Fue el caso de Oímbra, que tenía un comedor de gestión directa, con una cocinera contratada por la Xunta, pero la trabajadora 'fue cesada por vía judicial y lo pasaron a gestión indirecta'; es decir, mediante catering. 'Nos parece sangrante que por instalaciones y condiciones, el comedor del colegio de Oímbra pueda ser perfectamente de gestión directa', señalaron desde Comisiones Obreras, donde criticaron que la Xunta 'tenga que contratar a una empresa que cuesta un dineral, además de ofrecer una comida que no está recién hecha, sino que es transportada'.

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