Tres carreteras interurbanas, las más peligrosas para las bicicletas en Ourense

Una cuarta parte de los accidentes con ciclistas registrados desde 2018 hasta agosto de este año tuvieron lugar en tres vías interurbanas: la N-525, la N-120 y la OU-113, que se convierten así en las tres carreteras más peligrosas de la provincia para quienes pedalean sobre dos ruedas, según datos facilitados por la Jefatura Provincial de Tráfico de Ourense. En los últimos cinco años, se produjeron un total de 106 siniestros con ciclistas implicados y de ellos el 70% fueron en vías interurbanas, donde dejaron dos fallecidos, ocho heridos graves y 44 de carácter leve. El año 2020, en plena pandemia, fue el más accidentado en este tipo de vías, donde se contabilizaron 29 siniestros y 22 víctimas, entre las que se encuentran las dos mortales: en la N-525, en Xinzo de Limia; y en la OU-103, en Maceda. Además, su aumento es preocupante, ya que este tipo de accidentes crecieron el año pasado un 45% respecto a 2018. Ahora, por lo penal Las asociaciones de ciclistas se quejan de que la mayoría de conductores infractores que provocan accidentes quedan impunes, algo que la llamada nueva Ley ciclista, aprobada en las Cortes la primera semana de septiembre, pretende evitar. Su objetivo es mejorar la protección jurídica de las víctimas, tanto ciclistas como peatones, y endurecer las penas a los condenados. Con este nuevo texto legal, tras cada accidente será obligatorio que los agentes de Tráfico levanten un atestado y lo remitan a la autoridad judicial, que no podrá archivarlo sin una mínima instrucción. El juez no podrá determinar subjetivamente que no aprecia delito y archivar la causa, como ocurría desde la reforma del Código Penal que hizo el PP en 2015. Ahora, si una imprudencia al volante causa una muerte o lesiones deberá ser resuelta por la vía penal, donde el fiscal se encargará de investigar lo sucedido; y no por la Civil, donde las víctimas debían costearse los informes forenses y enfrentarse a los abogados de las aseguradoras. “Ahora ya no es necesario denunciar porque, por lo penal, la Fiscalía actuará de oficio. A ver cómo se hace porque todos los atestados, incluso por los accidentes más leves, llegarán a los juzgados y va a generar mucho trabajo”, asegura Ana Delgado, fiscal coordinadora de Seguridad Vial de Ourense. La violencia vial Carlos Moure, presidente de la Fundación Ado Moure Pro Deporte, tacha de la Ley ciclista de “insuficiente” y demanda que se penalice la violencia vial, que define como “un conductor bajo los efectos de alcohol o drogas, o que circula a velocidad excesiva, con desprecio total hacia la vida de los demás, y que incluso se da a la fuga tras el atropello”. Moure critica que este tipo de infractor no ingrese en prisión. “Les caen como mucho dos años y el sistema tiene tantos recovecos que la realidad es que no pisan la cárcel”, señala, y asegura que debería ser considerado un homicidio doloso. “Ese en el que no tiene intención de matar, pero sabe que puede matar y, aún sabiéndolo, lo hace”, explica. “El nuevo marco legal sigue siendo insuficiente” “Toda mejora respecto a como estábamos me parece bien, pero regresamos a lo que teníamos en 2014, antes de que Alberto Ruiz Gallardón y el PP despenalizaran las faltas en 2015. En 2018 se modificó el Código Penal, pero los jueces archivaban las imprudencias leves”, se queja Carlos Moure, presidente de la Fundación Ado Moure Pro Deporte. “La nueva ley ciclista es un avance real, pero sigue siendo insuficiente”, asegura. Moure considera que tendríamos que haber avanzado más y legislar en el sentido que demandaban las familias de las víctimas. “No puede ser que solo sea una imprudencia conducir bajo la influencia de las drogas y el alcohol, atropellar a un ciclista o a un peatón y darse a la fuga”, se lamenta y recuerda que las imprudencias leve o graves tienen, como máximo, una pena de cuatro años de cárcel. “Lo que quieren las familias es que se aumente en dos o tres grados la penalización”, indica.