TRIBUNALES

Los casos de estafa y juicios a políticos marcan el comienzo del año judicial

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photo_camera Las vistas orales en la Audiencia -en la imagen tres de sus magistrados- comenzarán el miércoles.

El instructor de la Operación Zamburiña contra la corrupción policial decidirá este mes si archiva o lleva a juicio a los investigados 

La actividad judicial en las salas de vistas de los juzgados de lo Penal arrancó con el inicio de septiembre tras el paréntesis de agosto. La Audiencia lo hará el miércoles con una caso de estafa en el que el fiscal pide el sobreseimiento al entender que se trata de un incumplimiento contractual que se debe dilucidar en el ámbito civil. Precisamente, los asuntos por estafa -tres- copan la agenda del máximo órgano jurisdiccional de la provincia a lo largo de este mes junto a un juicio a puerta cerrada por la agresión sexual a una niña de 12 años por parte de la pareja de su madre.

Pero, sin duda, la mayor expectación mediática será en octubre cuando un alcalde y varios expolíticos de la ciudad se sienten en el banquillo acusados de prevaricación administrativa. El primero será el regidor de Xinzo, Antonio Pérez, para quien el Juzgado de lo Penal 1 reservó toda una semana, del 2 al 6 de octubre. La acusación particular que ejerce la CIG y la fiscal interesan que se lo inhabilite durante 10 años. La representante del Ministerio Público sostiene que el regidor promovió nueve contrataciones irregulares entre 2011 y 2013 que fueron anuladas por dos juzgados de lo contencioso administrativo de Ourense al detectar "desviación máxima de poder". Los magistrados ordenaron deducir testimonio de las sentencias para que el juez instructor de Xinzo examinara los casos. Según concluyó la fiscal, el mandatario local "procedió a al contratación de estas personas con conciencia de que faltaban los requisitos básicos de cualquier contratación pública, como es la publicidad de dichos contratos, para que cualquier persona pudiera acceder".

El Penal 2 también reservó cuatro días (del 28 al 31 de noviembre) para juzgar a seis excargos del PSOE y BNG durante el bipartito de Ourense (2007 -2012) por cinco contratos externos realizados mediante la modalidad de asistencias técnicas para el área de Urbanismo y Rehabilitación.

La fiscal acusa por prevaricación continuada (artículo 404 del Código Penal) al exalcalde Francisco Rodríguez, a la exconcejala de Urbanismo, Áurea Soto, así como a los exediles o exdirectores xerales Fernando Varela, Xosé Somoza, Iolanda Pérez y Xosé Carballido. Solicita para cada uno de los acusados penas de diez años de inhabilitación especial para cargo electo y empleo público, incluyendo de manera expresa el de empresas participadas por alguna administración y los cargos discrecionales de naturaleza pública que sustente en la mera decisión de un cargo político electo o funcionario público de cualquiera de las administraciones. La acusación sostiene que las asistencias técnicas realizadas, que derivaron en contratos laborales fijos, derivan de una decisión injusta y perjudicial para todas aquellas personas que pudiesen tener interés en desempeñar la actividad laboral en el Concello.

En cuanto a los órganos de instrucción, el Juzgado número 1 de Ourense da por finalizada las diligencias previas de la Operación Zamburiña contra la corrupción policial y tráfico de drogas tras la recepción de la documentación por parte de la Agencia Tributaria y los bancos. Pretendía averiguar el patrimonio de los principales investigados y sus familiares directos al estimar la Audiencia una petición de la Fiscalía para averiguar si hubo indicios de enriquicimiento ilícito.

En próximas fechas, decidirá si archiva la causa o decide continuarla para ir a juicio. Hasta la fecha, hay 15 investigados, de los cuales cuatro son policías por supuestos tratos de favor a traficantes de droga a cambio de información para operaciones importantes.

La operación partió de un anónimo enviado a la Unidad de Asuntos Internos en 2014 y que derivó posteriormente en una investigación por tráfico de drogas y la desaparición de armas de la comisaría (esta parte se acabó segregando de la Zamburiña). 

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