El Centro de Interpretación de Parques Naturais lleva seis meses paralizado, pero continúa generando gastos. Así, mañana finaliza el plazo para que la empresa concesionaria de las obras, Tragsa, deposite en el Concello 253.454 euros en concepto de tasas e impuestos, según informó ayer el alcalde, Francisco Rodríguez.
El periodo voluntario para abonar el impuesto de construcciones (134.604 euros) y la tasa de licencia urbanísticas (65.165 euros) había finalizado en diciembre de 2010, pero la empresa pidió un aplazamiento, que vence mañana -por lo que tendrá que pagar 53.685 euros en intereses de demora-. Según fuentes municipales, las concesionarias de las obras abonan estas tasas, que después son liquidadas por la Administración adjudicataria (en este caso, el Ministerio de Medio Ambiente).
Además, el Estado ha certificado trabajos en el edificio hoy abandonado por 2.113.175 euros entre 2010 y 2011, según ha reconocido el Gobierno ante una pregunta del senador socialista Miguel Fidalgo. En esa respuesta, el Ejecutivo reconoce que la ejecución de la obra encomendada a Tragsa se realizaría entre 2010 y 2013, contradiciendo así el comunicado enviado ayer mismo por la Consellería de Medio Ambiente, que culpaba al anterior Ejecutivo de incumplir el convenio que efectivamente acababa su vigencia en 2011 y que la Xunta no prorrogó.
Ante esta situación, tanto Francisco Rodríguez como Medio Ambiente se instaron mutuamente a dar explicaciones sobre lo ocurrido, y el primero mostró su preocupación por la posible pérdida de los fondos europeos (casi siete millones de euros) en el caso de que se cambie el fin del edificio. Xunta y Gobierno central dicen que estudian el futuro de esta obra.
Además, el Estado ha certificado trabajos en el edificio hoy abandonado por 2.113.175 euros entre 2010 y 2011, según ha reconocido el Gobierno ante una pregunta del senador socialista Miguel Fidalgo. En esa respuesta, el Ejecutivo reconoce que la ejecución de la obra encomendada a Tragsa se realizaría entre 2010 y 2013, contradiciendo así el comunicado enviado ayer mismo por la Consellería de Medio Ambiente, que culpaba al anterior Ejecutivo de incumplir el convenio que efectivamente acababa su vigencia en 2011 y que la Xunta no prorrogó.
Ante esta situación, tanto Francisco Rodríguez como Medio Ambiente se instaron mutuamente a dar explicaciones sobre lo ocurrido, y el primero mostró su preocupación por la posible pérdida de los fondos europeos (casi siete millones de euros) en el caso de que se cambie el fin del edificio. Xunta y Gobierno central dicen que estudian el futuro de esta obra.
