José Manuel Díaz plantea a la ministra de Trabajo "una necesaria discriminación positiva"
La Confederación de Empresarios de Ourense (CEO) trasladó ayer a la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio la necesidad de aplicar políticas específicas para "responder a los retos de la provincia". El organismo hizo esta propuesta durante un encuentro celebrado ayer en Santiago con representantes empresariales de Galicia y el delegado del Gobierno, Javier Losada.
Por la CEO, su vicepresidente, José Manuel Díaz, incidió en que la mayoría de las empresas ourensanas están formadas por autónomos y economías familiares, "por lo que se deben favorecer las condiciones para que los sucesores puedan dar continuidad a estas compañías".
Por otro lado, Díaz se refirió a la "dramática despoblación en el rural y a una provincia envejecida, por lo que reclamamos políticas activas para combatir esta situación, favoreciendo el asentamiento de jóvenes y dando ayudas para la continuidad de actividades agrarias a través de ventajas fiscales y laborales".
Medidas
En este sentido, demandó una "necesaria discriminación positiva para el emprendimiento en provincias como la nuestra", abogando por mantener la tarifa plana de 50 euros para emprendedores, así como facilidades para realizar contrataciones.
José Manuel Díaz abordó también la "modificación necesaria de la Formación Profesional, de forma que sea capaz de responder a las necesidades de las empresas", incidiendo en la incapacidad de encontrar en ciertos sectores mano de obra cualificada. "En estos momentos, hay empresas que no pueden cubrir sus vacantes", destacó el vicepresidente de la patronal ourensana.
La reforma laboral, "con algún cambio"
En la reunión, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio avanzó a los representantes empresariales que su departamento está trabajando en la negociación colectiva laboral para buscar un pacto general. Asimismo, ratificó la idea de que el Ejecutivo socialista no derogará la reforma laboral del PP, "sino que se limitará a alguna modificación en aspectos concretos".
Los empresarios también le trasladaron a Valerio "preocupaciones" como la subida del salario mínimo interprofesional, "que supone un impacto presupuestario de 340 millones", o la "necesidad" de establecer un marco de diálogo para mejorar la formación de los trabajadores.
