La conselleira de Infraestruturas e Mobilidade en funciones, Ethel Vázquez, acudió ayer a la sede de la Confederación Empresarial de Ourense (CEO) para explicar, junto a la presidenta de la patronal, Marisol Nóvoa, las alegaciones conjuntas que presentaron al anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible, estableciendo así un “frente común” para reclamar al Gobierno una ley “que tenga en cuenta las comunicaciones del rural y evite agrandar las desigualdades territoriales”.
Marisol Nóvoa destacó que “es llamativo que el anteproyecto de la ley no tenga en cuenta la movilidad rural”, por lo que realizó alegatos para defender la viabilidad de las infraestructuras en zonas donde la rentabilidad es eminentemente social. Consideró imprescindible introducir criterios de prioridad social en la planificación de las inversiones, y abogó también por favorecer la movilidad y la accesibilidad del rural, “logrando la recuperación, contribuyendo a la cohesión económica, social y territorial y garantizando la transición ecológica y digital para ser más sostenibles y resilientes”. Recordó que la provincia de Ourense es un territorio en el que la mayoría de sus 92 ayuntamientos (en concreto el 75%) cuenta con menos de 2.000 habitantes, y de esos, 26 tienen población de 1.000 habitantes o menos, especificando que “provincias como Ourense pierden población año tras año, en nuestro caso, en los últimos diez años casi 30.000 habitantes”.
Por su parte, Ethel Vázquez, resaltó varios aspectos de los alegatos presentados y alertó, por ejemplo, de que la norma pretende ser una “excusa legal” para no ejecutar obras como las autovías pendientes en la provincia, como Lugo-Ourense o Ponferrada-Ourense. Refirió además que la ley no recoge la movilidad rural ni incorpora conceptos fundamentales en el desarrollo de infraestructuras de comunicación como la igualdad de oportunidades, la vertebración territorial y la cohesión social.
Señaló que el texto supedita la planificación de infraestructuras de transporte estatal a la rentabilidad económica, lo que supondrá centrar las inversiones en las zonas más pobladas o los corredores de mayor demanda, ahondando en la brecha entre lo urbano y el rural.
Criticó que la ley abogue por suprimir los servicios de tren en el rural, pretendiendo sustituir el ferrocarril de media distancia por transporte por carretera que deben pagar las Comunidades. Así, tildó de desatino dejar al rural sin tren y trasladarle a la Xunta la responsabilidad de compensar esa carencia con el autobús.
Dadas las circunstancias de la ley estatal, la Xunta y la CEO piden que se consideren las características diferenciales de Galicia como la dispersión territorial y el envejecimiento de la población, que hace precisa una mayor capilaridad de las comunicaciones y de los servicios de transporte. También solicitan la revisión de los principios para declarar Deberes de Servicio Público en los servicios.
La conselleira reclamó participación y consenso a la hora de abordar un posible sistema de pago por uso en las autovías como mecanismo para financiar el mantenimiento de la red de carreteras. A este respeto, la Xunta y los empresarios coinciden en la oposición frontal a cualquier sistema de pago que se base en la distancia recorrida, ya que es lesivo para Galicia, acrecentando las desigualdades entre comunidades.
“Na provincia, só a cidade podería obter fondos Next Generation”
Vázquez también se mostró crítica con los criterios de reparto de los fondos Next Generation, en concreto con que tengan que ser invertidos en núcleos de más de 50.000 habitantes, lo que “implica deixar á marxe ó 97,8% dos municipios galegos”. “Na provincia, só a cidade podería obter fondos Next Generation”, destacó, ya que no hay ningún municipio que tengan una población de entre 20.000 y 100.000, por lo que estas inversiones queden restringidos solo a la capital provincial.
La CEO sostuvo que es necesario destinar fondos Next Generación a infraestructuras del rural, ya que el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible exige criterios de planificación de rentabilidad positiva y de cofinanciación de servicios estatales que elimina las inversiones fuera de las ciudades. Lo mismo sucede, agregan, con el criterio impuesto por el gobierno de España para los fondos Next Generation de no destinar a entornos rurales proyectos de mejora de la movilidad y la conectividad, lo que podría convertirse en “un gran inconveniente para el desarrollo de entornos rurales y comarcas”.
La responsable de Infraestructuras en funciones recordó además las obras pendientes del Gobierno central en la provincia, como la reforma ferroviaria de la intermodal, que aún no se adaptó a la llegada del AVE, los tramos pendientes de contratación de la Variante Exterior, la autovía a Ponferrada o la Ourense-Lugo, la A-56.
