A estas alturas, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, debe de ser consciente de que arrastra un problema con Rogelio Martínez, delegado del Gobierno gallego en Ourense. Al menos, últimamente no paran de recordarle que está imputado por el Juzgado de Ribadavia en relación a un procedimiento penal por presunta malversación de caudales públicos y falsedad documental por el reparto de fondo europeos cuando él ejercía como presidente del Centro de Iniciativas para el desarrollo del Val do Miño (Ceivam).
Ayer mismo, durante la sesión de control al presidente de la Xunta en la Cámara gallega, Pachi Vázquez, líder de los socialistas gallegos; Yolanda Díaz, viceportavoz de AGE, y Francico Jorquera, portavoz del BNG, exigieron a Feijóo 'dar la cara' ante los casos de corrupción que afectan a su partido, incidiendo tanto en la situación del extesorero del PP Luis Bárcenas como en el proceso judicial de Rogelio Martínez, representante del Gobierno gallego en Ourense.
Los líderes de los partidos de la oposición en la casona do Hórreo exigen a Feijóo que destituya a Martínez, aunque la más incisiva al pedir el cese fue María Quintas, diputada socialista por esta provincia: 'Rogelio Martínez admitiu que se levou fondos europeos, alegando despois que o asunto prescribiu'. Quintas también reprobó que Feijóo 'considerara acertada a política do imputado Martínez', al que acusó de estar desde '2005 xogando co futuro dos ourensáns e quedándose con miles de euros que non sabemos onde van'.
ARIAS CAÑETE
Hace un par de días, incluso el ministro de Agricultura y Pesca, Miguel Arias Cañete, se desmarcó en una comisión en el Senado de la actuación de Rogelio Martínez cuando presidía Ceivam, y afirmó que es la Xunta la que tiene que responder sobre el destino de esos fondos europeos, pues el Gobierno gallego tiene la competencia de la tarea de fiscalización.
Núñez Feijóo intentó ayer volver a echar balones fuera sobre este espinoso asunto y sobre la corrupción que salpica a su partido, rechazando las 'lecciones' de sus rivales políticos. A pesar de que Martínez se cayó de la Ejectiva gallega del PP, no parece probable que el presidente de la Xunta vaya a adoptar alguna decisión al respecto hasta que no se produzca el juicio. Ayer mismo, el propio Gobierno autonómico afirmó que Martínez no contempla la posibilidad de dimitir al no ' haber acusación formal' o una condena que determine un posible indicio de delito. Fuentes de la Xunta confirmaron que el Ejecutivo que preside Feijóo no tomará una decisión de carácter político hasta que no concluya la fase de instrucción y mientras no haya una condena firme. Por su parte, el delegado en Ourense afirma que 'no es justo que se hagan juicios paralelos'.
Los líderes de los partidos de la oposición en la casona do Hórreo exigen a Feijóo que destituya a Martínez, aunque la más incisiva al pedir el cese fue María Quintas, diputada socialista por esta provincia: 'Rogelio Martínez admitiu que se levou fondos europeos, alegando despois que o asunto prescribiu'. Quintas también reprobó que Feijóo 'considerara acertada a política do imputado Martínez', al que acusó de estar desde '2005 xogando co futuro dos ourensáns e quedándose con miles de euros que non sabemos onde van'.
ARIAS CAÑETE
Hace un par de días, incluso el ministro de Agricultura y Pesca, Miguel Arias Cañete, se desmarcó en una comisión en el Senado de la actuación de Rogelio Martínez cuando presidía Ceivam, y afirmó que es la Xunta la que tiene que responder sobre el destino de esos fondos europeos, pues el Gobierno gallego tiene la competencia de la tarea de fiscalización.
Núñez Feijóo intentó ayer volver a echar balones fuera sobre este espinoso asunto y sobre la corrupción que salpica a su partido, rechazando las 'lecciones' de sus rivales políticos. A pesar de que Martínez se cayó de la Ejectiva gallega del PP, no parece probable que el presidente de la Xunta vaya a adoptar alguna decisión al respecto hasta que no se produzca el juicio. Ayer mismo, el propio Gobierno autonómico afirmó que Martínez no contempla la posibilidad de dimitir al no ' haber acusación formal' o una condena que determine un posible indicio de delito. Fuentes de la Xunta confirmaron que el Ejecutivo que preside Feijóo no tomará una decisión de carácter político hasta que no concluya la fase de instrucción y mientras no haya una condena firme. Por su parte, el delegado en Ourense afirma que 'no es justo que se hagan juicios paralelos'.
