El Supremo estimó el recurso de la familia de la mujer asesinada en 2015
La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo estimó el recurso interpuesto por la letrada que representa a la familia de Isabel Fuentes, asesinada por su marido, Aniceto Rodríguez, el 8 de mayo de 2015 después de una tentativa previa un mes antes, para que el Consejo General del Poder Judicial examine de nuevo la actuación de la jueza instructora, Cristina Fernández Viforcos, quien estuvo en el Juzgado mixto número 1 de Verín.
La familia entiende que la togada actuó de manera negligente al no brindar protección a una víctima de violencia de género de tal forma que su marido consiguió materializar su propósito criminal poco tiempo después. Por esta razón, se dirigió al CGPJ para que abriese diligencias informativas tendendes a sancionar a la instructora. Pero el máximo órgano de gobierno de los jueces, no halló razones para sancionar a Fernández Viforcos y archivó el expediente de denuncia al entender que había adoptado las resoluciones que procedían, amparando su actuación.
La abogada Beatriz Seijo asegura que no conoce los detalles de la sentencia del Alto Tribunal, ya que le será notificada en los próximos días. En sus pretensiones, planteaba dos cuestiones fundamentales. La falta de motivación en la respuesta dada por el CGPJ a la queja planteada por la familia, en tanto que "no se contestaba a los planteamientos expuestos". Pero también aludía a que no se había accedido a la práctica de pruebas que podían arrojar luz sobre el proceder de la togada. En este sentido, planteó que declarasen los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil que elaboraron el atestado en el que se señalaba a Aniceto Rodríguez -fallecido el pasado verano-como sospechoso de una tentativa de homicidio y no un robo violento en la casa familiar cuando la víctima estaba viendo la televisión.
Otra de las pruebas pedidas por la letrada consistía en indagar sobre el oficio entregado por los investigadores en el CHUO para que se comunicase al fiscal, jueza o forense la evolución sobre el estado de salud de Fuentes para en caso de llevarla a planta, tras estar en Reanimación, adoptar medidas de protección.
