El anuncio en octubre por parte del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia( TSXG) de una serie de medidas de urgencia para aliviar al Juzgado de Familia, el más sobrecargado de la provincia y a nivel nacional uno de los más colapsados, supuso un respiro pero con breve fecha de caducidad. En ese momento, se acordó liberarlo de una parte de su carga de trabajo: los internamientos no voluntarios-.
El Consejo General del Poder Judicial estimó el recurso de alzada interpuesto por las magistradas de los juzgados de primera instancia 2 y 3 contra la decisión de adoptada el 30 de septiembre por la sala de gobierno del TSXG para repartir los internamientos entre el resto de juzgados de instancia de la ciudad.
El órgano de gobierno de los jueces denegó restarle al saturado juzgado ese cometido al considerar que es una competencia propia de su especialidad. En el caso de Ourense, reportan un elevado número de asuntos -Ourense y Zamora son las provincias más envejecidas de España- y afecta a los mayores con deterioro cognitivo que están en residencias o a los enfermos psiquiátricos que deben ingresar contra su voluntad en el CHUO.
La situación planteada al estimar el recurso vuelve a situar al Juzgado de Familia en una situación muy comprometida. No vuelve a la casilla de salida porque el juez de refuerzo que lleva ya un año colaborando con la magistrada titular aligeró la situación, aunque aun así no logra absorber todos los asuntos recibidos. Una cuestión de la que ya se habían quejado los colegios de abogados y procuradores dada la importancia de los asuntos que llegan a ese órgano (divorcios, filiaciones, guardias y custodias de menores, cambios en el régimen de visitas para los padres separados, modificaciones de pensiones alimenticias, tutelas, declaraciones de incapacidad, internamientos...).
Un año de atasco
La entrada de procedimientos está por encima de las ratios recomendadas. Según datos de la sala de gobierno, el tiempo medio de respuesta, a 30 de junio de este año, era de 11,81 meses, superior a las medias de los juzgados de familia de Galicia (7,3 meses) y nacional (7,4).
La dedicación también fue muy superior al módulo establecido: 142% en 2018; 204% en 2019 y 136% en el primer semestre de 2020 a pesar de que en estos meses la actividad judicial se vio afectada por el estado de alarma y la suspensión de los plazos procesales.
Pero, según fuentes del TSXG, la sala de gobierno tras conocer la resolución del CGPJ acordó buscar alternativas con carácter urgente. "Es un tema prioritario para el presidente y, por ello, Ourense será de nuevo de las primeras ciudades que visite en 2021", explican.
Sobre la mesa está aprovechar las posibilidades del último juzgado de instancia creado, el número 7. Este último, que comenzó a operar hace tres años, acaba de perder la exclusividad en cláusulas suelo, por lo que pasaría a asumir asuntos propios de Familia para de esta forma repartirlos entre dos órganos. "La solución pasa por intentar especializar al número 7 y que coja parte del trabajo del juzgado de familia", asegura el presidente de la Audiencia, Antonio Piña.
La solución es que dos juzgados, el actual y otro más, lleven todos los asuntos alusivos al derecho de familia.
