TRIBUNALES - TRÁFICO

Un chófer de autobús, acusado de homicidio por un atropello en Coles

El juez imputa al conductor del vehículo que arrolló mortalmente a una mujer el pasado junio en Coles. Los titulares de instrucción ven un repunte de asuntos penales de tráfico por lesiones graves o muertes

Los accidentes de tráfico por imprudencias graves al volante, con especial incidencia de los atropellos en la ciudad, no han pasado desapercibidos en los juzgados de la ciudad. Allí también dejan huella de derrape. La opinión es unánime entre los tres jueces de instrucción del partido judicial: hay un repunte de asuntos de tráfico con entidad delictiva que desembocan en juicios por lesiones graves o muertes. En estos primeros 10 meses de 2018, ya dictaron en total seis autos de procedimiento abreviado, el trámite que abre camino a la acusación para sentar en el banquillo a los infractores cuando la instrucción concluye.

"En mi juzgado hemos visto claramente que han aumentado los atestados por atropellos, especialmente en el casco urbano, es decir, tenemos más diligencias previas por este motivo y en consecuencia más autos de procedimiento abreviado", asegura el titular de Instrucción 1, Leonardo Álvarez. En lo que va de año, por ejemplo, ya notificó dos. Y compara: "En los seis primeros años en este juzgado no puse ninguno".

El último hace referencia al atropello mortal de Coles ocurrido el 4 de junio de este mismo año. El juez cree que Clay G.C., el conductor del autobús que ocasionó el accidente, debe ser acusado de homicidio imprudente. En ese siniestro, una vecina de 83 años, que estaba en el carril derecho de la calzada para recoger la bolsas de la compra, perdió la vida en la OU-505 (Vilarchao-A Peroxa-Barra de Miño), una carretera, según repara Álvarez, "sin arcenes, sin marcas longitudinales de separación de sentidos, sin paso de peatones y con deficiente señalización vertical". Ahora bien, según añade, el conductor "iba a una velocidad excesiva e inadecuada, 62 kilómetros por hora".

Su otro auto hace referencia al atropello de una madre y su bebé, ocurrido el 21 de enero del pasado año en la calle Nuestra Señora de la Saínza de la ciudad. Imputa en un delito contra las personas (lesiones por imprudencia grave) a Carmen G.D. por "conducir de forma desatenta y no respetar un paso de peatones señalizado".

No es fácil que un accidente de tráfico llegue a juicio. Solo se instruyen los casos más sangrantes. "Las imprudencias leves no son delictivas e incluso las calificadas como menos graves precisan la denuncia de la persona agraviada o su representante legal", apunta el juez de Instrucción 2, Luis Doval.

A las salas de vistas, por ejemplo, no llegan muchísimos despistes. "Los despistes son imprudencias desde un punto de vista técnico y hay que valorar su intensidad, pero yo creo que todas las imprudencias deberían ir a juicio, excluyendo los casos pocos relevantes, porque el instructor no tiene encomendado valorar elementos subjetivos como la intensidad de la imprudencia", opina Leonardo Álvarez.

Entre los asuntos que sí llegan a ser juzgados figuran siempre los accidentes con heridos o fallecidos con alcohol de por medio. El titular de instrucción 2 acaba de imputar a un conductor, Rubén F.A., quien el 18 de septiembre de 2016 invadió el carril contrario de la N-525, a su paso por Taboadela, colisionado contra el coche que conducía una mujer, que resultó con lesiones graves (467 días de perjuicio personal básico). El investigado dio positivo en alcohol (0,83 miligramos por litro de aire espirado).

También había bebido Gabriel A.M. el 16 de julio de 2016 cuando circulaba por la N-540 y en el kilómetro 3,900 perdió el control en una curva, invadiendo el carril contrario. Impactó contra el Mercedes de R.G.C. y este su vez alcanzó al Ranault Megane de I.R.F.

A consecuencia de este accidente, R.G.C. sufrió gravísimas lesiones irreversibles. Según destaca el juez instructor, "quedó en estado vegetativo permanente con pérdida de capacidad para realizar cualquier actividad esencial de la vida ordinaria, desarrollo personal y cualquier trabajo o actividad profesional, con necesidad de cuidados constantes por persona cualificado y con previsión de ingresos hospitalarios".


El alcohol


La conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas es hoy en día uno de los delitos con más escritos de acusación en la fiscalía (420 calificaciones en 2017 y 431 en 2016). "El número de calificaciones realizadas por el delito del artículo 379.2 está en relación directa con el número de pruebas de detección alcohólicas", asegura la fiscal de Seguridad Vial en Ourense, Ana Delgado Pérez-Íñigo. Así, según añade, Tráfico realizó en 2017 un total de 94.497 pruebas de las que 1.353 resultaron postivas por exceder del límite reglamentario frente a las 81.747 de 2106 (1.184 positivas).


"Los radares en los cascos urbanos evitan accidentes"


La percepción judicial tiene su justificación en las estadísticas policiales en las que bebe. Entre 2013 y 2017, hubo 309 atropellos en el casco urbano, con una evolución al alza: si en 2012 hubo 58 incidentes, pasando a 62 en 2013, 63 en 2014, 55 en 2015 y un total de 69 en 2016, nueve más que en 2017. La capital de la provincia tuvo en 2016 un total de 65,1 atropellos por cada 100.000 habitantes, convirtiéndose así en la ciudad con más accidentes de ese tipo por habitante entre las seis urbes gallegas más pobladas.

Y entre más dureza judicial o más controles policiales, el juez de Instrucción 1, Leonardo Álvarez, apuesta por la prevención: "Soy partidario de los radares en los cascos urbanos; no es lo mismo ir a 30 kilómetro por hora que a 60, está en juego la vida de una persona", apunta.

Desde el Concello, aseguran que el plan Móvete por Ourense, que comenzó a implementarse, es el resultado de la concienciación social para evitar accidentes, sobre todo atropellos.

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