El sindicato valoró de "histórica" la sentencia en cuanto que condena a un trabajador e institución pública
La CIG ha pedido este miércoles al Ayuntamiento de Ourense que asuma responsabilidades y que tome "medidas disciplinarias" contra el exgerente del consorcio del Festival de Cine Internacional de Ourense Diego González quien ha sido condenado a un año de prisión por un delito de acoso laboral a una trabajadora.
En una comparecencia de prensa celebrada esta mañana, el directivo de este sindicato, Anxo Pérez Carballo, acompañado por el secretario comarcal de la CIG Etelvino Blanco ha valorado satisfactoriamente el contenido de una sentencia, que según asegura es "histórica", en cuanto a que condena tanto a un trabajador como a una institución pública por un caso de acoso laboral, después de que lo hiciese el juzgado de lo Civil.
En el escrito, el Juzgado de lo Penal nº 2 de Ourense condena al exgerente del Festival de Cine Independiente de Ourense (OUFF) y al consistorio municipal por sendos delitos contra la integridad moral, con un delito de lesiones psíquicas, de una de las trabajadoras del certamen audiovisual.
Los hechos están relacionados con la actividad del OUFF entre los años 2010 y 2012.
Entonces, la trabajadora A.B.C.M., inició en su día acciones legales contra el exgerente del festival, el Concello de Ourense y la Diputación ourensana por un presunto delito contra la integridad moral.
La magistrada considera probado que, prevaliéndose de esa superioridad jerárquica, el acusado inició, "de forma deliberada, una actitud permanente de hostigamiento y desprecio hacia la trabajadora, con el fin de humillarla y obligarla a que abandonase su puesto de trabajo", hasta "llegar a una situación de falta de ocupación efectiva", siendo, incluso, eliminada de la memoria del Festival de Cine.
Así, destaca su "perplejidad" por la actitud del acusado en el acto del juicio al pretender "convencernos" de que, en el ámbito organizativo del Festival de Cine Internacional de Ourense, "él tenía simplemente la condición de simple compañero de los demás trabajadores"
Se sustenta en el Acta de la Inspectora de Trabajo, en la que queda "debidamente probado, el comportamiento humillante y vejatorio que el acusado dispensó a la querellante, a partir de 2010, y especialmente, tras la reincorporación de esta última de la baja laboral, a principios de julio de 2011", un comportamiento que se tradujo "en un vaciado progresivo de las funciones que inicialmente desempeñaba".
Para la CIG, esta resolución demuestra "que el delito era suficientemente grave" para llevarlo a la vía judicial pues "la propia sentencia llega a decir que la actuación del acusado fue uno de los pilares para determinar que hubo delito", ha explicado Pérez Carballo.
En su intervención, ha resaltado además el hecho de que la jueza ponga en cuestionamiento la actuación de los trabajadores, "de mirar para otro lado", así como la actitud de los responsables políticos como "conocedores" de lo ocurrido.
El acusado, con la responsabilidad civil subsidiaria del Concello, deberá abonar a la denunciante 8.488 euros, más intereses. Se exonera de cualquier responsabilidad en este caso a la Diputación de Ourense.
La CIG, quien ha criticado la "persecución" y "presiones" por parte de trabajadores del certamen para que no presentasen denuncia poniendo en duda la capacidad de la trabajadora, ha pedido al Ayuntamiento que "adopte medidas disciplinarias", contra el exgerente y que pida disculpas "al permitir que la trabajadora sufriese este maltrato".
En este sentido, Etelvino Blanco ha advertido que "lo más grave" de todo es que esto haya ocurrido en una institución pública, donde tanto el exalcalde Francisco Rodríguez, como la exconcejala de Cultura, Isabel Pérez "hicieron caso omiso" de estos hechos.
Asimismo, ha criticado que "ningún partido" se posicionó a favor de la trabajadora, un hecho que demuestra, en su opinión, que en las instituciones "también hay acoso laboral" y "clientelismo político".
