El Concello recauda 310 euros por vecino, al ser el único de los grandes municipios con más inmuebles que residentes
El Concello de Ourense se sitúa a la cabeza de las siete ciudades gallegas en ingresos por habitante con el cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), un tributo que reportó el pasado año a las arcas municipales algo más de 32,9 millones de euros, casi un tercio de su presupuesto anual.
La recaudación media por cada uno de los 106.231 vecinos empadronados fue de 309,83 euros, una cifra muy superior al promedio del resto de ciudades de Galicia, que se situó en algo más de 245. Solo Santiago de Compostela, con 291 euros por habitante, se acerca a las cantidades de Ourense. Le siguen en la lista A Coruña, con 243; Ferrol, con 237; Vigo, con 217; Lugo, con 211; y Pontevedra con 204.
Los elevados ingresos de Ourense en este capítulo se asientan en la gran cantidad de bienes inmuebles registrados en la ciudad. Según la Dirección General del Catastro, hay algo más de 134.000 inmuebles, de los que casi 3.000 están exentos de pagar el IBI, como los destinados a uso religioso.
El Concello es el único de Galicia en el que hay más bienes inmuebles que residentes, lo que provoca que, por ejemplo, se expidan solo 28.000 recibos menos que en la ciudad de A Coruña, donde están empadronadas 243.870 personas. Desde el sector inmobiliario, explican esto por la gran cantidad de viviendas adquiridas en la última década del siglo pasado por emigrantes o vecinos de otros concellos de la provincia. La gran parte de los bienes inmuebles son de uso residencial, alrededor de 66.000.
Sin cambios
La rebaja planteada por el gobierno local de Ourense el pasado martes para reducir el recibo un 5% reduciría la recaudación, según el alcalde de la ciudad, Jesús Vázquez, hasta los 31,3 millones de euros al año aproximadamente. Con todo, el Concello continuaría liderando este listado en la Comunidad de ingresos por habitante con el impuesto, que se situaría en 294,21 euros, aunque ya con una diferencia más pequeña con Santiago.
La modificación de la ordenanza fiscal depende de que el gobierno local logre el consenso de, al menos, parte de la oposición en el próximo pleno.
