La ciudad tendrá que restringir el tráfico en el centro antes del 2023

Todavía con la resaca de la entrada en vigor el pasado martes de la modificación del reglamento de circulación que establece los 30 kilómetros por hora como velocidad límite en la mayoría de calles urbanas, las tareas para los ayuntamientos no se quedarán en la adaptación a esta norma, que debe ser una herramienta para dar un giro a la movilidad auspiciado desde el Gobierno central, que hoy aprobará definitivamente en el Congreso la Ley de Cambio Climático. El texto, con el que se pretenden sentar los pilares de numerosas transformaciones, reserva también un apartado para las ciudades de más de 50.000 habitantes, a las que pone deberes y un plazo máximo claro para que sean una realidad, el 1 de enero de 2023. El primer paso debe ser el de contar con un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), un documento con el que Ourense ya cuenta desde finales de 2019 y que recoge las medidas que ahora el Concello tiene que implementar, un cronograma que el actual alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, ya ha incumplido. Tareas El principal cambio que notarán los ourensanos será la restricción del tráfico en el centro urbano, dado que la Ley de Cambio Climático establece que deben habilitarse zonas de bajas emisiones, lo que supondrá que solo puedan circular vehículos no contaminantes, residentes o el transporte público por las áreas que el Concello determine. En este sentido, el PMUS ourensano ya recoge la "almendra" en la que el peatón tendría preferencia sobre los vehículos, cuyo acceso quedaría restringido tal y como sucede ahora en el Casco Vello. Esa zona estaría delimitada por la rúa Celso Emilio Ferreiro y los ejes Progreso-avenida de Zamora y Emilia Pardo Bazán-Pena Trevinca-Nosa Señora da Saínza. Además de esta medida, otra de las prioridades de las ciudades debe ser la potenciación de su transporte público, una clara necesidad en Ourense, donde la concesión está en precario desde hace seis años, lo que imposibilita mejorar la flota del vehículos (muy antigua y contaminante) y las rutas para facilitar los desplazamientos. Desde el gobierno local aseguran que ya se están ultimando los pliegos para renovar el servicio, incluyendo autocares eléctricos y de bajas emisiones, además de revolucionar las líneas. Los plazos que fija la ley obligan al Concello a no perder más tiempo para licitar el contrato. El texto que verá la luz hoy en las Cortes insta también a los ayuntamientos a potenciar la movilidad a pie, en bicicleta y otros vehículos de movilidad personal. Construir corredores verdes, otra de las tareas que tendrá por delante el Concello. Críticas del PSOE El PSOE criticó el "caos" y falta de previsión" del gobierno de Jácome en la implantación de la "ciudad 30", urgiendo la convocatoria de la comisión del plan de movilidad y "poder levar a cabo unha humanización real da cidade", en consonancia con las directrices fijadas. "Isto é máis necesario que nunca", señalan los socialistas, entendiendo que el plan de movilidad "está paralizado porque o alcalde está saltándose ós técnicos municipais". Cuatro de cada 10 coches, sin distintivo ambiental La implantación obligada por ley de una zona de bajas emisiones en Ourense, similar a las que ya funcionan desde hace tiempo en muchos puntos de Europa o Madrid –está última ahora anulada por el Tribunal Supremo por defectos en su tramitación–, tendrá consecuencias en la provincia, con un parque móvil envejecido en el que algo más del 40% de los turismos matriculados no tienen opción en estos momentos de contar con el dispositivo ambiental que les habilitaría para circular por zonas restringidas, al entenderse que son contaminantes. Así, según los datos publicados por la Dirección General de Tráfico en su portal estadístico, de los 191.184 turismos que hay registrados en la provincia, casi 51.000 funcionan con gasoil y su matriculación fue anterior al año 2006 y algo más de 30.000 funcionan con gasolina y están en las calles desde finales del pasado siglo. Con todo, el parque móvil ourensano sí se va modernizando, aunque lentamente. El porcentaje de vehículos que no cumplirían las condiciones planteadas por el Gobierno central para frenar el cambio climático y generar menos contaminación se acercaba a la mitad del total hace un par de años, cuando se comenzó a tramitar la legislación que hoy quedará definitivamente aprobada en el Congreso.