El clan familiar condenado en dos instancias por su implicación en la detención ilegal de una joven que estuvo retenida contra su voluntad durante 19 días consecutivos en una vivienda de la calle Dalia de la ciudad -donde fue violada y sometida a múltiples vejaciones por uno de ellos, Javier Gabarri Jiménez- anunció recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Todos los condenados, incluido el principal procesado, intentan reducir las penas: 20 años y tres meses para Javier así como cinco para los padres (Luis Manuel Gabarri y Ana Jiménez) y dos hermanos (Ángel y José Luis) y dos años y medio para un tercero (Alberto Gabarri Jiménez), en concepto de cooperadores necesarios y cómplice, respectivamente. El recurso ante el Supremo, tribunal que no puede entrar en los hechos considerados probados, ya fue anunciado y ahora debe ser formalizado por los letrados que los representen en Madrid.
La abogada de la acusación particular, ante la demora que puede suponer una sentencia firme ante la tramitación de este nuevo recurso, pedirá la ejecución provisional del fallo avalado por la Audiencia de Ourense y el TSXG. Salvo Javier Gabarri, en la cárcel desde que fue detenido a finales de enero de 2018, los padres y los tres hermanos están en libertad por esta causa.
Los hechos ocurrieron en enero de 2018 cuando el principal encausado llevó a la víctima a su casa familiar de la calle Dalia, en donde vivía con el resto del clan. Una vez que entró, ya no pudo salir hasta que los padres de Javier la entregaron en la Comisaría ante un requerimiento policial al saber que la joven podría estar allí retenida.
La denunciante fue privada de su libertad para deambular y durante su cautiverio fue agredida sexualmente todos los días, además de ser golpeada y sometida a un trato degradante del que enumeró algunos espeluznantes episodios durante la vista oral: la obligaron a consumir drogas, la ducharon con agua fría en un patio exterior -era enero- e incluso a ingerir su propio vómito. Además, le cortaron el pelo a trasquilones y la impidieron alimentarse, con el pretexto de que "estaba gorda".
El TSXG llegó a decir que fueron "actuaciones gratuitas que exacerban el sufrimiento de la víctima sin ningún tipo de propósito más allá de la humillación, del sometimiento y de la pérdida absoluta de ser dueña de sus propios designios".
De hecho, el fallo prohíbe al principal inculpado comunicar y aproximarse a la perjudicada durante 23 años y le impone una indemnización de 8.855 euros por los perjuicios personales y las secuelas, y de 12.000 euros por el daño moral que le causó.
