Publica hoy La Región una información en la que se alude a los daños colaterales de la crisis que se traducen en más pleitos por insolvencias y delitos. También que los impagos de facturas y los concursos de acreedores experimentaron un incremento considerable durante 2022.
Sin duda, estos datos demuestran hasta qué punto la crisis ha apretado el nudo de las empresas y las familias. Además de los datos oficiales, la realidad plasma otra variable muy interesante. No todas las situaciones se denuncian. Por lo tanto, la situación complicada se antoja mayor a la que evidencian los números. La estructura socioeconómica de la provincia también demuestra que no se suelen dar muchos casos de litigios en los juzgados de lo social porque, por ejemplo, en una provincia como la nuestra de jubilados los asuntos de la conflictividad laboral son menores.
No hay mal que por bien no venga. En una provincia, insistimos, con mayoría de funcionarios y pensionistas los asuntos que se ventilan en el ámbito laboral son escasos pero suben todos los demás. Está claro que el covid no solo ha dejado su huella en el ámbito sanitario.
