La cocaína oculta en fruta: un negocio de más de 14 millones

El peritaje de la droga intervenida en contenedores de fruta a mediados de enero de 2019 en el puerto de Leixoes (Portugal) revela lo que ya se sabía, pero no con números cerrados. Las 358 placas de cocaína decomisadas, que habían salido en barco desde Ecuador y con un peso bruto de 429 kilos, podrían alcanzar en el mercado ilícito los 13,9 millones de euros en su venta por kilogramos. Por gramos o por dosis, el valor se multiplicaría. En este entramado, descubierto por un soplo de la DEA americana, figuran como acusado el propietario de frutas Mavaz S.L., el ourensano Manuel Benito V.P., quien sigue en prisión provisional. También continúa en la cárcel un empleado, Jhon Felipe L.M., natural de Ecuador. El empresario está acusado de dar cobertura al narcotráfico a través de la importación de fruta en contenedores de transporte marítimo cuyo destino era la nave de Mavaz en el Polígono de San Cibrao das Viñas. En uno de los contenedores con destino final a la empresa ourensana estaba oculta la cocaína, toda ella de gran pureza. Escondidas en la décima fila de palés, disimuladas en cajas de bananas, había 358 placas rectangulares: unas identificadas con la frase "feliz año 2019" y otras con un logo de un toro con un anillo en el hocico (el logotipo de la organización criminal que envía la droga). La valoración judicial hace constar un peso de 359.070 gramos, en dos partidas: una de 338 gramos con una pureza del 77,87% y otra con un peso de 21 gramos (pureza del 70,37%). A Ourense no viajaron todas las placas ya que, aunque Portugal autorizó un entrega vigilada hacia España siguiendo el curso de la operación comercial, quedaron en tránsito, por motivos de seguridad, 48 de las placas. La trama desmantelada en la llamada operación Falla sitúa a Juan Miguel García Santos, alisa Juanjo, en la cúspide de la organización gallega. Precisamente, es el único de los 10 inculpados que logró darse a la fuga y no podrá ser juzgado por ahora ya que está en paradero desconocido. Viajó a Ourense el 18 de enero de 2019 junto a su hermano José Luis para hacerse cargo del alijo de cocaína pero al detectar la presencial policial se dieron a la fuga (José Luis fue detenido el 5 de marzo). La investigación, ya finalizada tras el auto de conclusión de sumario dictado por el Juzgado de Instrucción 1 de Vilagarcía de Arousa, sentará en el banquillo, además, a Ana Elizabeth V.E. (pareja de Jhon Felipe), José Vicente C.B., José Manuel C.M., Víctor Hugo G.B. -integrado en la red internacional asentada en Ecuador-, así como Jaime Alexander R.V. y Juan Carlos M.M. Los dos último, según el fiscal, serían los encargados del desarrollo de la actividad de la organización colombiana de narcotráfico y, por tanto, los proveedores de la sustancia. Para todos ellos -Juan Miguel García Santos sería juzgado por separado si es detenido-, el fiscal antidroga Pablo Varela reclama penas de 13 años y medio de cárcel para cada uno y multas de 30 millones de euros. Están acusado de un delito de tráfico de drogas agravado en atención a la simulación de operaciones de comercio internacional entre empresas por redes internacionales dedicadas a este tipo de actividades en el marco de organizaciones criminales de narcotráfico. La acusación pública considera esencial en esta trama la contribución del mayorista de fruta ourensano por dar cobertura a la introducción de la droga, que viajó a desde Colombia a Ecuador, en España. Constan en el sumario imágenes aéreas en la que se ve le ve reunido con el cabecilla de la organización. Abogados de los procesados piden que el caso sea juzgado en la Audiencia Nacional La Audiencia de Pontevedra escuchó este último martes a los abogados de los procesados y al fiscal antidroga sobre si la operación Falla debe ser juzgada en ese órgano judicial o por contra inhibirse a favor de la Audiencia Nacional (una declinatoria de competencia), tal como planteó el letrado de José Luis G.S. Este último, al que se sumaron otros letrados, invocó el artículo 65.1 d de la ley Orgánica del Poder Judicial, que atribuye la competencia a la Audiencia Nacional y a los juzgados centrales de instrucción para el conocimiento de las causas seguidas por tráfico de estupefacientes siempre que sean cometidas por bandas o grupos organizados y, como segundo requisito, que produzcan efectos en lugares pertenecientes a distintas audiencias. Para el abogado que lo propuso, atendiendo al relato de hechos del ministerio público, existe un entrado delictivo perfectamente organizado -cada integrante de la trama tiene un rol establecido-, con ramificaciones delictivas tanto a nivel internacional como nacional. Los letrados a favor de la Audiencia Nacional sostienen que los efectos del delito se han producido en el territorio de más de una audiencia. La primera aprehensión se produce en Portugal, autorizándose una entrega vigilada, y se incautaron substancias en Ourense y Pontevedra. El Grupo de Respuesta especial para el Crimen Organizado (GRECO) también encontró cocaína (31 gramos repartidos en dos paquetes de plástico) en el domicilio de José Vicente C.B. en Vilargarcía de Arousa. El fiscal sostiene que debe ser la Audiencia de Pontevedra quien dicte sentencia porque el centro logístico de la organización criminal estaba en Vilagarcía de Arousa.