Las entidades sociales mantienen las ayudas a colectivos vulnerables, aunque detectan un descenso
Las colas se suceden en las oficinas de las eléctricas para acceder al bono social o renovarlo antes del próximo día 8 de octubre, fecha marcada como límite para realizar los trámites requeridos -aunque la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguró ayer que habrá una "moratoria" para aquellos consumidores vulnerables que no hayan podido inscribirse antes de esa fecha límite-.
Según datos suministrados por la comercializadora mayoritaria en energía eléctrica en la provincia de Ourense, Naturgy, a día de hoy, de los 7.667 poseedores de contrato con bono social, 2.397 ya se han apuntado al nuevo bono. Por cabeceras de comarca, Verín cuenta con 1.169 contratos del bono social y 322 que ya se han apuntado al renovado; en Xinzo de Limia son 906 y 137, respectivamente; en O Barco 892 y 227 del nuevo bono social; en Celanova 820 y 210; en Carballiño han contratado el nuevo bono 380 y ya había contratados 1.460; en Ribadavia 608 son los contratados del bono social y 106 ya han cubierto los trámites para el nuevo, y en Bande son 508 y 70.
Actualmente, Naturgy cuenta con cerca de 230.000 contratos de bono social en toda Galicia, de los cuales unos 43.000 tienen el nuevo bono social. La compañía destaca "las iniciativas dirigidas a determinados colectivos de especial sensibilidad, como los desempleados y pensionistas, para facilitar su registro en el nuevo bono social, como el contacto directo vía telefónica con estos dos colectivos para explicar, de manera personalizada, las condiciones del nuevo bono y cómo acceder al mismo".
En Cáritas se abonaron en lo que va de año 60.574 euros en ayudas directas de apoyo a los gastos de vivienda. "Más del 60% son ayudas vinculadas al propio sostenimiento de alquiler de la vivienda; la práctica totalidad del 40% restante va al pago de suministros relacionados con electricidad y gas natural", señala Mari Carmen Alonso, coordinadora de programas de la entidad.
Perfiles de solicitantes
En cuanto al perfil de las personas que solicitan estas ayudas, "son en su mayoría personas mayores, que no tienen más ingresos que su pensión; menores de 30 años que carecen de estudios o colchón familiar y mujeres entre 45 y 65 años con niños a cargo", explica Alonso.
Las ayudas siguen solicitándose, a pesar de que tanto Cáritas como Cruz Roja constatan que "en los dos últimos años no hay prácticamente constancia de cortes por impago del recibo de la luz, como había durante la crisis", señalan desde Cruz Roja. Sí se mantiene, sin embargo, el interés por reducir al máximo la factura. "De las 1.200 personas atendidas este año por emergencia social, 300 acudieron a los talleres de ahorro energético", apuntan en Cruz Roja.