Un fin de semana más los comerciantes de la Praza de Abastos y su entorno de la Alameda han abierto sus negocios rodeados de los graves problemas de salubridad pública ocasionados por los numerosos grupos de jóvenes que práctican el botellón en la zona. El fuerte hedor a orina y vómitos es ya algo habitual para los tenderos, que observan con impotencia como estas situaciones se repiten con impunidad semana tras semana e, incluso, adquiriendo mayores dimensiones desde el inicio del curso universitario.
Para atajar esta enquistada problemática, el presidente de los comerciantes de la Praza, Emilio González, reclama al Concello la implantación de medidas urgentes y contundentes. Para ello, propone tanto acciones punitivas de carácter inmediato, por la vía legislativa, como preventivas, por la vía educativa. De no ser así, advierte González, podrían volver a repetirse situaciones conflictivas como las vividas por un grupo de reponedores del turno de noche que fueron increpados y estuvieron a punto de ser agredidos por jóvenes que beben en la calle. Asimismo, los propios comerciantes ha tenido que limpiar durante la noche el exterior de sus negocios para aminorar los graves problemas de salud pública.
El Concello ya ha mostrado su voluntad para erradicar este severo conflicto social, que se repite en otros puntos de la ciudad, anunciando la convocatoria de una junta de seguridad centrada en la adopción de medidas antibotellón. Entre ellas, se baraja fijar importantes sanciones económicas a los padres de los menores, así como buscar una legislación ambiental que avale medidas más duras.
En otras ciudades gallegas, como Santiago de Compostela, la nueva corporación municipal ya ha anunciado acciones precisas como multar a los padres de los menores que beban alcohol en la calle con 600 euros y una ordenanza que impide la ingesta en el campus universitario. En la ciudad, hasta la fecha, el cerco de las fuerzas de seguridad al botellón es mínimo, limitándose a intervenir en caso de que derive en altercados.
El Concello ya ha mostrado su voluntad para erradicar este severo conflicto social, que se repite en otros puntos de la ciudad, anunciando la convocatoria de una junta de seguridad centrada en la adopción de medidas antibotellón. Entre ellas, se baraja fijar importantes sanciones económicas a los padres de los menores, así como buscar una legislación ambiental que avale medidas más duras.
En otras ciudades gallegas, como Santiago de Compostela, la nueva corporación municipal ya ha anunciado acciones precisas como multar a los padres de los menores que beban alcohol en la calle con 600 euros y una ordenanza que impide la ingesta en el campus universitario. En la ciudad, hasta la fecha, el cerco de las fuerzas de seguridad al botellón es mínimo, limitándose a intervenir en caso de que derive en altercados.
