La concesionaria asume "de inmediato" un plan con siete medidas
Todavía coleando el informe del Consello Consultivo de Galicia sobre el servicio de limpieza de la ciudad, que censuraba los atrancos puestos por el interventor sin fundamento al plan anual de limpieza, el gobierno local ha comenzado a trabajar para intentar paliar la situación. Durante la mañana de este lunes, el teniente de alcalde y edil de Medio Ambiente, Jorge Pumar, se reunió con Javier David, representante de Ecourense UTE –concesionaria del servicio–; Antonio Álvarez, de Geseco; Javier Ramos, de Copasa, y Ernesto Barrio y Guillermo Davila, de Fomento de Contratas (FCC), para abordar la situación actual y presentar un plan de mejoras en todo el término municipal. Pumar les mostró el plan elaborado, que incluye siete medidas –que abarcan el centro y el perímetro rural– , asumidas en la reunión por la concesionaria. Se activarán, según el Concello, de "forma inmediata".
"Esta actuación é un dos compromisos políticos que deste goberno de ter unha cidade máis limpa, máis verde e más sustentable, agradecendo a disposición recibida por parte da empresa concesionaria", asegura Pumar. En la reunión se puso de manifiesto la necesidad de atender las peticiones de barrios y zonas rurales del municipio, así como de mejorar las vías de comunicación entre los ciudadanos y la concesionaria.
Refuerzo de turnos del servicio y nuevas medidas
Entre las medidas, el gobierno local exige la limpieza intensiva de las zonas turísticas y de ocio –así como reforzar el servicio en horario de tarde durante la época estival–, mayor presencia de maquinaria ligera en las calles durante el día o el aumento de la frecuencia de recogida de residuos durante los meses de verano. Del mismo modo, se incluyen como novedades del servicio la implantación de un programa piloto de recogida de fracción orgánica o la creación de una línea telefónica para que los ourensanos puedan mandar quejas y reclamaciones a la empresa.
Por otra parte, este plan de choque mejorará el servicio de limpieza en barrios de la ciudad y zonas rurales, una medida reclamada en numerosas ocasiones por asociaciones como la agrupación Miño.
