El Concello de Ourense dedica 1.053.356 euros anuales a sufragar servicios públicos sobre los que la Xunta se ha ido inhibiendo en 'favor' de la Administración municipal. El problema no es único de Ourense, pero el gobierno municipal de la ciudad cree que la cuantía que debe aportar para subsanar la falta de gestión autonómica es ya millonaria y difícilmente asumible, aunque se propone mantenerla en los presupuestos de 2014.
En ese largo millón de euros que el Consistorio ourensano dedica a gastos 'impropios', el servicio de ayuda a domicilio para dependientes alcanza la mayor cuantía, más de 300.000 euros, con la peculiaridad de que, según la concejala de Benestar Social, Marga Martín, 'el Concello no tendría que poner nada' porque la dependencia es un servicio básico autonómico'. Ocurre que el gasto anual en la ciudad en dependencia alcanza el millón de euros, al que la Xunta aporta 700.000 y el tercio restante lo soporta el Consistorio. También éste destina 281.000 euros a 458 beneficiarios del programa de comedores escolares, más otros 87.000 que entrega en ayudas a las asociaciones de padres que gestionan comedores en los colegios públicos. 'Estas son también competencias de la Xunta', advierten Martín y Ana Garrido, edil de Educación, que recuerda que la administración autonómica no gestiona ya ninguno de los de la ciudad, aunque sí decide los precios que deben pagar los alumnos por el servicio.
Un total de 31.685 euros este año sirven para ayudar a las familias con la compra de libros y material escolar, otros servicios propios de la Administración autonómica, lo mismo que el Plan galego de inclusión social, donde el Concello tiene que contribuir con 150.000 euros para atender las solicitudes que le llegan (porque es allí donde se tramitan las peticiones de todos estos programas). El problema, precisa Marga Martín, es que con la crisis económica actual han aumentado los beneficiarios de alguna de estas ayudas impropias, lo que obligó a aumentar el presupuesto de forma paulatina desde 2009. Pero advierte de que, si el proyecto de ley de sostenibilidad local (la reforma local) que plantea el Gobierno central se aprueba tal y como está en materia de gestión de la dependencia y la integración, los concellos ya no podrán asumir parte de la misma, lo que abocará a muchos usuarios a perder las ayudas; porque, dice, es más probable que la Xunta las suspenda a que incremente el presupuesto para cubrir el gasto que ahora emplean los concellos.
Un total de 31.685 euros este año sirven para ayudar a las familias con la compra de libros y material escolar, otros servicios propios de la Administración autonómica, lo mismo que el Plan galego de inclusión social, donde el Concello tiene que contribuir con 150.000 euros para atender las solicitudes que le llegan (porque es allí donde se tramitan las peticiones de todos estos programas). El problema, precisa Marga Martín, es que con la crisis económica actual han aumentado los beneficiarios de alguna de estas ayudas impropias, lo que obligó a aumentar el presupuesto de forma paulatina desde 2009. Pero advierte de que, si el proyecto de ley de sostenibilidad local (la reforma local) que plantea el Gobierno central se aprueba tal y como está en materia de gestión de la dependencia y la integración, los concellos ya no podrán asumir parte de la misma, lo que abocará a muchos usuarios a perder las ayudas; porque, dice, es más probable que la Xunta las suspenda a que incremente el presupuesto para cubrir el gasto que ahora emplean los concellos.
