El TSXG desestima la reclamación de 3,4 millones de la promotora Inversiones Iglesias Conde
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) continúa avalando las tesis defendidas por la asesoría jurídica del Concello de Ourense en relación a la larga lista de reclamaciones patrimoniales que empresas y particulares interpusieron tras la anulación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de 2003.
En este caso, según informó ayer el alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, tras la celebración de la junta de gobierno local, una sentencia del alto tribunal gallego da la razón al Concello en el pleito interpuesto por la promotora Inversiones Iglesias Conde, que reclamaba 3,4 millones por no poder ejecutar la actuación que tenía prevista en el área de reparto AR-17, en la calle Diego Sarmiento Acuña.
La empresa argumentaba la pérdida de facultad para participar en la urbanización y la merma de edificabilidad en terrenos de su propiedad. La sentencia dice que la mera aprobación de un Plan Xeral "no es suficiente para patrimonializar las expectativas urbanísticas", indicando que la promotora no llevó a cabo la actuación en los plazos establecidos.
Esta resolución se une a las numerosas que han ido conociéndose en los últimos meses, todas favorables a los intereses del Concello, que únicamente ha tenido que abonar unos 2,5 millones por una operación urbanística en el barrio de A Ponte. El montante global de las reclamaciones patrimoniales ascendía a unos 100 millones.
Otros asuntos
Por otro lado, el Concello desestimó un recurso de reposición interpuesto por la Tesorería General de la Seguridad Social por la denegación de una licencia de obra para oficinas. En su momento, el organismo estatal había adquirido los locales por cinco millones, que no puede utilizar por encontrarse en suelo público.
Además, el departamento de Urbanismo abrió dos nuevos expedientes por casos de cartelería ilegal en las calles Pardo de Cela y Ribeira Sacra, así como en el Campo da Feira.
Por último, se interpusieron dos reclamaciones patrimoniales por daños en la rotonda del afilador, de Otero Pedrayo, y por daños en un farol de alumbrado público. El importe que se reclama suma casi 1.000 euros.
